Periodistas, reporteros y comunicadores independientes de Sonora presentaron una solicitud formal al Congreso del Estado para exigir que se retomen las mesas de trabajo para la creación de una Ley estatal de protección a periodistas, la cual se tiene años exigiendo y que ninguna legislatura ha impulsado.
Carlos Armando Briones, vocero de este colectivo, aclaró que se recabaron firmas de más de 90 colegas comunicadores y reporteros de todo Sonora, para exigir que se cree está Ley pues, dijo, es una verdadera necesidad en el estado viendo el clima de violencia que se está viviendo y donde ya varios reporteros han sido asesinados, agredidos y amenazados.
Recordó que desde hace tres legislaturas, es decir nueve años, se presentó la primera iniciativa para lograr tener una Ley estatal de Protección a Periodistas y que se establezca un verdadero protocolo de protección acorde a las necesidades sonorenses. Sin embargo, esta ha sido enviada a la congeladora de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En 2015 se impulsó fuertemente el tema de la creación de una Ley Estatal de este tipo, incluso se realizaron varios foros de consulta en diferentes municipios, pero al final nunca se presentó una propuesta formal.
Después, durante la pasada Legislatura, se presentaron al menos tres iniciativas diferentes para la construcción de la una Ley Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incluso se habilitó un micrositio para impulsar esta Ley y luego todo el trabajo legislativo se detuvo.
Señaló que es necesaria ya que el Gobernador del Estado, Alfonso Durazo, firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, para que se aplique el protocolo Federal en Sonora, pero este ha demostrado quedar rebasado en ciertos casos y es necesarias leyes locales complementarias para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión en Sonora.
Además de la protección en momentos difíciles, la propuesta que plantean contempla otros derechos como la seguridad social, vivienda, derechos a pensiones y otras prestaciones que algunos periodistas independientes no pueden tener acceso.
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