Un Estado con miles de víctimas de violencia sin el acceso a la verdad, la justicia y con impunidad absoluta a violaciones en materia de derechos humanos y un incremento en los delitos a la libertad, la vida o la integridad personal es lo que deja Gerardo Octavio Solís Gómez como Fiscal de Jalisco, señala Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) por lo que debería de evitarse dar continuidad, como pretende el Ejecutivo Estatal, en esa dependencia.
“Las practicas instaladas en la Fiscalía relacionadas con la represión de la protesta social o el uso excesivo de la fuerza e incremento de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura como método de investigación, el aumento alarmante de la desapariciones de personas, las ejecuciones extrajudiciales y las practicas criminalizantes y victimizantes hacia las personas afectadas”.
Además, las declaraciones en donde el propio ex titular de la fiscalía reconoció en el año 2020 que dentro de la dependencia se encontraba infiltrada por el crimen organizado, también deja en descubierto la indefensión a la que están sujetas las víctimas y la gravedad que vive el interior de esta institución.
Ayer, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco envió al Congreso la propuesta para que sea ratificado Luis Joaquín Méndez Riuz, actual Fiscal Ejecutivo, quien asumiría, en caso de aprobarse como el nuevo titular de esta dependencia, en sustitución de Gerardo Octavio Solís, principalmente, dando así continuidad al trabajo que se viene realizando en la Fiscalía.
Al respecto de la elección del nuevo titular, la codirectora de CEPAD destacó que el rol principal ahora recae en el Poder Legislativo que debería demostrar la separación de poderes y un contrapeso para que no se dejen llevar por presiones ni políticos ni de tiempos y se debería seguir un proceso de elección acorde a estándares internacionales en donde los perfiles a considerar deberían contar además de trayectoria, criterios de independencia, perspectiva de derechos humanos entre otros aspectos relevantes de procuración de justicia.
La irregularidad e informalidad del proceso por la violación a la propia Constitución en donde debería presentarse una terna para elegir al candidato, también es violatorio y defrauda la garantía para seleccionar al perfil más idóneo y la premura para seleccionarlos pone en riesgo el poder colocar a un perfil más apto que sobre todo dé garantía al respeto en materia de derechos humanos y la atención de delitos en el contexto de violencia e impunidad que hay en la entidad.
“Nos preocupa también que (Luis Joaquín Méndez Ruiz) es una persona de la misma institución y en ese sentido de lo que ha mencionado el gobernador sobre esa apuesta de dar continuidad en su política y su proyecto de estructuración, en ese sentido sin duda alguna las actuaciones de la Fiscalía han presentado muy pocos resultados y mucha de la estrategia de la Fiscalía ante la gravedad del contexto resulta fallida, entonces también resulta preocupante que se considere por parte del gobernador de Jalisco dar seguimiento a ese proyecto”.
Los mecanismos de participación de la sociedad civil también deberían ponerse a consideración para elegir al nuevo fiscal general de Jalisco en donde como ha sucedido en el contexto internacional, se hacen públicas preguntas de la ciudadanía hacia las personas candidatas y que en el Congreso lleve a cabo un proceso de calidad y de fondo y no solo de forma.
Karolina Chimiak añadió que debería ser una persona sensible que deje de ser lejana a la ciudadanía y oscura como hasta ahora y que tenga mayor transparencia para que se pueda recuperar la confianza de la población jalisciense.
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