Morelia, Michoacán.- El colectivo de familiares de personas no localizadas ‘Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán’ (Decofem), reveló que en los últimos cinco años, al menos tres mil familias de la región serrana - costera del estado y zonas aledañas, han tenido que abandonar sus localidades desplazados por la violencia.
De acuerdo a la organización social que brinda apoyo a las familias de personas desaparecidas, de estos desplazados entre los años 2017 y 2022, se han documentado 120 casos equivalentes a 500 víctimas y se trata de pobladores que provienen de municipios como Chinicuila y Coalcomán, pero también de otras localidades de los estados de Guerrero y Colima que limitan con Michoacán.
Evangelina Contreras Ceja, fundadora de Decofem, expuso que debido a que estas familias fueron desterradas por el crimen organizado, buscaron refugio en un municipio del que omitió su nombre para no poner en riesgo a los afectados. Pese a que ya se encuentran a salvo en su nuevo lugar de residencia, las víctimas de la violencia, viven en condiciones precarias.
“Rentan casa, varios de ellos no tienen luz, el agua la tienen que llevar en una pipa, son casas de madera que se las rentan hasta en tres mil pesos y las de material hasta en 5 mil pesos, cuando anteriormente una casa grande en ese lugar te la rentaban en dos mil pesos, pero por la demanda que hay subieron las rentas muchísimo. Hasta los niños trabajan, porque se salieron de la escuela para mantenerse y pagar las rentas”, indicó la activista.
Contreras Ceja, quien también fue desplazada de la localidad de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, tras la desaparición de su hija Tania Contreras Ceja, en el 2012, señaló que esta situación es conocida por el Comité Interinstitucional de Michoacán para la Atención al Desplazamiento Forzado, sin embargo, “este comité ni siquiera se ha dignado a ir a conocer a estas familias”, aseguró.
Evangelina Contreras mencionó que tras una reciente visita a michoacanos asilados en Tijuana, detectó que los hombres de varias familias han tenido que regresar a Michoacán para trabajar y costear los gastos de sus seres queridos en la frontera, como son rentas, alimentación y servicios.
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