En medio de protestas por parte de los núcleos agrarios afectados y de una suspensión al mismo por parte de un juez federal al decreto que instala a 111 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito como área natural protegida, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores y el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona firmaron un Acuerdo de Coordinación para la Administración Manejo y Vigilancia del Área de Protección de Flora y Fauna de esa área, acto en el que estuvieron presentes tres de los cuatro alcaldes de los municipios que abarca esa región.
Desde antes de la llegada a Palacio de Gobierno sede de la reunión, autoridades de los ejidos y comunidades afectadas por el decreto presidencial se apostaron en la Plaza de Armas con pancartas y mantas para protestar por la decisión que, aseguran, no los tomó en cuenta.
En conferencia de prensa posterior, la titular de la Semarnat garantizó que atrás de la promoción de la suspensión dictada por un juez que ordena dejar las cosas como estaban antes de la emisión del decreto están grupos de interés inmobiliarios.
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“Claro que estamos trastocando intereses muy fuertes, hay grupos inmobiliarios que están acá, pero que se mueven a otros lugares de la República y hacen la misma presión”, señaló y lamentó que esos grupos de poder económico afectan los intereses de la población y sólo buscan ganancias monetarias adquiriendo las tierras a la población posesionaria.
Sobre la suspensión de plano concedida por una autoridad judicial en contra del decreto para que la Sierra de San Miguelito sea área natural protegida, María Luisa Albores dijo tener conocimiento a través de los medios de comunicación, pero que no han sido notificados, por ello anunció que la combatirán junto con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) en “lo que tiene que ver con la posesión y el usufructo y ahí hay una diferencia, ahí sí vamos a entrarle”, indicó.
En ese sentido, garantizó que no permitirán la construcción de fraccionamientos a través de no otorgarles el Manifiesto de Impacto Ambiental a las empresas inmobiliarias.
“Es un mensaje grande del gobierno de la 4T donde está emblemáticamente resarciendo esos daños ambientales, pero también sociales, porque siempre se ha aplaudido y se ha dado en este sentido al poder económico todas las facilidades desde las mismas instituciones”, reiteró.
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En torno al convenio firmado, María Luisa Albores destacó que el acuerdo con los tras alcaldes firmantes de Villa de Arriaga, Salvador López Amaro; de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos y de Mexquitic, José Hilario Leal Quistián, no estuvo presente la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Irazema Briones Pérez, contempla la socialización del decreto a través de asambleas ejidales y comunales para dar información directamente a la población.
Cabe hacer mención que estar tarde, a puerta cerrada, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, se desarrolla una reunión con las autoridades de los 36 núcleos agrarios reacios al decreto encabezada por la propia María Luisa Albores, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y autoridades agrarias federales y estatales.
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