La polémica por el arrendamiento de patrullas estatales y el uso que tienen llegó al Congreso local, donde legisladores cuestionaron el contrato y los recursos destinados que superan los 600 millones al año y que ahora planea comprar el gobierno de Miguel Barbosa.
Este año vence el contrato de las mil unidades rentadas en 2019 a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., que establece un pago mensual de 51 millones 385 mil 680 pesos por 27 meses, de acuerdo con la licitación pública GESAL-007-456/2019.
En diciembre, en redes sociales denunciaron que las unidades arrendadas permanecían estacionadas en las instalaciones de la Policía Estatal.
La Secretaría de Seguridad Pública argumentó que algunas estaban en mantenimiento, y otras, en la entrega de reportes.
Además, las patrullas han causado choques, con un costo cercano al medio millón de pesos, de enero de 2019 a junio de 2021. En dicho periodo, hubo 234 percances, que causaron la muerte a tres uniformados y lesiones a 14 más.
El gobierno tiene la posibilidad de adquirirlas a un precio preferencial o devolverlas, pero ya optó por lo primero.
Actualmente el gasto que hace el gobierno estatal es de 600 millones de pesos al año, confirmó la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, al comparecer ante diputados.
Dijo que incluye “un servicio integral” de mantenimiento, con seguro, equipamiento y la tecnología especializada de los radares, cámaras y chips. Movimiento Ciudadano, en voz de Fernando Morales, cuestionó el contrato, por el personal que se requiere para operar las patrullas.
Ayer, Castro manifestó que las patrullas rentadas pasarán a ser propiedad del estado. Afirmó que se hace el convenio modificatorio, para que sea la autoridad estatal la que asuma el mantenimiento y seguro, o en su caso, buscar un acuerdo para continuar con él.
POR ANTONIO BAUTISTA
Con información de Claudia Espinosa
MAAZ