Un tribunal federal determinó que es infundado el recurso de queja que la Fiscalía General de la República presentó contra la admisión del amparo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para evitar ser detenido.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvió que el Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas actuó de forma prudente al aceptar revisar la demanda.
“Se estima que el juez de Distrito actuó de forma prudente al admitir la demanda de amparo respecto de esos actos de autoridad, pues el pronunciamiento respectivo requiere de mayores datos y un estudio más exhaustivo, lo que es propio de la sentencia definitiva.
“Máxime que la admisión de la demanda de amparo no implica que el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público”, indicó el tribunal.
Además, precisaron que ese juzgador no señaló que el mandatario estatal conservaba su fuero ni que el gobernador reclamó el retiro de la inmunidad procesal.
García Cabeza de Vaca indicó que el Congreso local no homologó la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle el fuero.
“Es importante dejar plenamente claro, que mediante la presente demanda de amparo, NO se combaten, NI se pretenden reclamar actos emanados del Poder Legislativo, como lo es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, señala la demanda.
Desde junio pasado, el Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas concedió la suspensión definitiva a García Cabeza de Vaca, por lo que no puede ser detenido.
En agosto pasado, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que presentó el gobernador contra la orden para detenerlo por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El mandatario presentó la demanda contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que emitió el mandamiento judicial.
Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que la controversia fue presentada de manera extemporánea.