CONGRESO DE LA CDMX

Buscan reducir a 65 años la edad para recibir pensión

Se propuso reformar diversas disposiciones de la ley que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores

NACIONAL

·
Actualmente la pensión es de mil 275 mensuales, mismos que se entregan de manera bimestral y directa. Foto: ArchivoCréditos: Foto: Archivo

Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca reducir, de 68 a 65 años, la edad para que una persona tenga derecho a recibir por parte del estado una pensión no contributiva.

Por lo que, el legislador morenista, Miguel Ángel Macedo Escartín propuso reformar diversas disposiciones de la ley que establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, residentes de  la capital.

“Es fundamental continuar con el proceso de transformación iniciado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que consideramos de vital importancia adecuar el marco jurídico, en este caso, para que el fundamento de la ley que establece la pensión para personas adultas mayores se encuentre acorde a las necesidades y condiciones actuales”, refirió.

Actualmente  la pensión es  de mil 275  mensuales, mismos que se entregan de manera bimestral y directa.

Macedo Escartín puntualizó que los adultos mayores se ven en la necesidad de enfrentar condiciones de escasos ingresos, lo que les genera carencias en acceso a los sistemas de  protección social y salud. 

Destacó que de acuerdo a datos de las propias autoridades federales, se estima que solo 23  por ciento de las mujeres y 40 por ciento de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva, “pero lo más grave es que 26por ciento  de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales”.  

Expuso que para este ejercicio fiscal 2021, se modificó lo lineamientos del programa de pensiones para poder beneficiar todas las personas adultas mayores de 65 años de edad o más y por ello busca homologar en la ley este requisito.  

“Se espera que para 2022 se atienda a 10.3 millones de personas adultas mayores, avanzando hacia la universalidad del programa”, refirió.  

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictaminación.