Un juez federal rechazó ordenar la detención de 31 científicos y académicos como lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).
El impartidor de justicia Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó que no existen los delitos que les imputa la Fiscalía.
Desde el pasado 24 de agosto, al FGR solicitó órdenes de aprehensión contra científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado derivado de 244 millones de pesos que el Conacyt otorgó al Foro.
La solicitud de los mandamientos judiciales derivó de una denuncia presentada por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces.
Sin embargo, el juez devolvió el expediente por inconsistencias jurídicas y dio 15 días a la FGR para subsanar las inconsistencias, pues no presentó elementos suficientes para sustentar sus imputaciones.
Uno de los argumentos del juez en esa primera ocasión fue que los jueces de control de ese centro de justicia no tienen competencia para conocer del caso porque los hechos presuntamente ocurrieron en la Ciudad de México.
Luego de la negativa del juez, la FGR nuevamente solicitó que se emitieran los mandamientos judiciales.
Es la primera vez que la Fiscalía ejerce acción penal contra científicos por delincuencia organizada.
La Fiscalía puede impugnar la decisión del juez para que un tribunal federal resuelva la inconformidad.
Entre los imputados están Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López, ex coordinadores del Foro; Enrique Cabrero, ex director del Conacyt, Adriana Ramona Guerra, Rafael Ortega Reyes y María Dolores Sánchez Soler.
DRV