A pesar de la emergencia sanitaria el Poder Judicial de la Ciudad de México, no dejó de aplicar la ley, logrando el cuidado de trabajadores y demandantes, y que las sanciones correspondientes se cumplieran.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez expuso que priorizando el derecho humano a la vida y la salud, se decidió de manera inmediata autorizar el “Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México”, que, como eje principal de acción, autorizó la suspensión de labores y los términos procesales a partir del 18 de marzo del año 2020.
Aseguró que, al mismo tiempo, se garantizaron todas las acciones necesarias para que el Poder Judicial no se detuviera para que los capitalinos, a la par de proteger su salud y su vida, accedieran a la justicia, que no admite demora en ninguna materia, y que también constituye un derecho humano.
En la revista “Directum” del PJCDMX, en su artículo denominado “Administración e impartición de justicia en la Ciudad de México frente al COVID-19”, el magistrado presidente expuso que se exceptuó de la suspensión de labores la materia penal, para atender los plazos constitucionales, no interrumpir la debida administración de la justicia y para continuar prestando el servicio, organizaron un rol de turnos, que siguieron para el cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, garantizando así los derechos humanos de las mujeres en la ciudad.
Al enumerar las acciones implementadas durante la pandemia, indicó que la necesidad de suspender labores para proteger la vida y la salud de los servidores públicos y de la ciudadanía, sin afectar la debida operación de la Casa de Justicia, obligó al Consejo de la Judicatura a mantener las actividades de las áreas administrativas, como la Dirección de Seguridad, Protección Civil, Política Salarial, Ejecutivas de Recursos Financieros, Gestión Tecnológica, Gestión Judicial y la Coordinación de Comunicación Social.
En materia familiar se continuó con la entrega de billetes de depósito, derivados de los juicios de alimentos, con guardias hechas por el personal estrictamente necesario, prevaleciendo el derecho superior de los menores a recibir alimentos.
En el Centro de Desarrollo Infantil y en el de Convivencia Familiar Supervisada, se realizaron las correspondientes actividades administrativas y los protocolos de su competencia, respectivamente.
“La Presidencia, que tengo el honor de liderar, no suspendió sus actividades desde el primer momento, hasta el día de hoy, como muestra de ejemplo y del compromiso para con los servidores públicos y la ciudadanía”, aseguró.
La necesidad de las acciones jurisdiccionales e institucionales fueron planeadas, propuestas e implementadas bajo un esquema de “máxima protección a los sectores vulnerables” y, por ello, se exceptuó del trabajo presencial (incluyendo guardias o turnos) a los servidores públicos que formaran parte de las personas adultas mayores, a diabéticos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a personas con padecimientos coronarios, enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares, cáncer o inmunodeficiencias.
Guerra Álvarez resaltó que la administración e impartición de justicia siempre ha representado retos al Poder Judicial, como uno de los tres Poderes de la Unión, no obstante, a partir del año 2020, en México y en el resto del mundo, la realidad provocó un cambio inesperado y radical, derivado de la aparición del COVID-19.
Por ello resaltó que, “las diferentes acciones y decisiones tomadas por el Poder Administrativo colocaron al Poder Judicial de la Ciudad de México frente al reto de mostrar liderazgo y sensibilidad hacia los servidores públicos y los órganos jurisdiccionales que lo integran y, desde luego, con la ciudadanía”.
Entre las medidas de prevención que se establecieron antes, durante y posterior a la suspensión de labores, están la colocación de filtros en todas las sedes; No se permitió el acceso de niños, niñas y adolescentes, y los adultos mayores fueron sujetos de mayor control; No se permitió el acceso de personas que presentaran síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, cansancio, falta de aire o cualquier análogo; uso obligatorio de cubrebocas y aplicación de gel.
Además, se realizaron pruebas para la detección de casos positivos de COVID-19 a todos los servidores públicos y, con ello, se pudo llevar a cabo el mapeo de contagios y, así, tempranamente, separar a los servidores públicos contagiados para reducir la propagación del virus y salvaguardar la vida de los compañeros y de sus familias. Al mismo tiempo, se apoyó de manera directa y se canalizó a las áreas de salud correspondientes a las personas que requirieron de hospitalización.
Otras medidas son la prohibición de saludo de mano, de beso y los abrazos entre servidores públicos y para el público usuario, sana distancia; guardar silencio, salvo excepciones; limpieza y sanitización permanente de las instalaciones, principalmente en elevadores y áreas comunes.
Además, fue imprescindible dar rapidez a los procesos de digitalización de la justicia, que ya habían dado inició en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pero que en varios de sus ámbitos apremiaron su implementación y operación.
Tal es el caso del sistema electrónico, de la plataforma digital, que permitió realizar convivencias materno o paterno filiales a través de la modalidad de video llamada, y de la utilización de la “línea telefónica de apoyo y contención psicoemocional para las y los usuarios de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, así como para las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México”.
En materia penal del sistema acusatorio y en el proceso oral, en materia familiar, también se celebraron audiencias a distancia.
En todos los protocolos aplicados, se observaron en todo momento directrices como las valoraciones psiquiátricas y médicas de tortura agendadas.
Reprogramación de citas agendadas en laboratorios de genética y química. Guardias para la elaboración de necropsias de ley y para estudios de psiquiatría o la difusión de forma impresa y/o electrónica de la “Guía de atención médico forense de casos sospechosos, probables o confirmados por coronavirus”.