Al vencer el plazo, el pasado sábado 24 de julio, para que la iniciativa privada regularizara a sus trabajadores subcontratados, 30 por ciento de las empresas ya cumplió con esta medida, mientras que 17 por ciento de dependencias de la administración pública federal mantienen vigentes contratos con firmas que ofrecen servicios de outsourcing, en el ramo de limpieza . De acuerdo con cifras del gobierno federal, alrededor de 20 mil empresas se ajustaron a la reforma sobre subcontratación al regularizar a su plantilla laboral en nómina.
Por su parte, según datos de la plataforma Compranet, tan sólo dos empresas de limpieza, Asbiin S.A. de C.V. y Limpieza Jored S.A. de C.V, firmaron 77 contratos que están activos con 29 dependencias federales (17 por ciento del total) como la Presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Fiscalía General de la República (FGR), Banobras, Conagua, el Centro de Integración Juvenil y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otras.
A excepción de Banobras, los contratos del gobierno federal estarán vigentes hasta el último día de diciembre de este año. En el caso de Banobras, tiene un contrato con Asbiin SA de CV por 30 millones 760 mil pesos que tiene vigencia hasta el último día del año 2022. Según la reforma para atacar la subcontratación u outsourcing abusiva, la administración pública, tanto federal como estatal, tienen hasta el primero de enero de 2022 para dejar de subcontratar personal bajo esa modalidad.
En tanto, los 77 contratos activos del gobierno federal significan un costo total de 299 millones 674 mil 562 pesos, que fueron signados por las dependencias federales en este año para los servicios de limpieza de sus instalaciones. En caso de que las dependencias decidan acabar anticipadamente con el contrato, deberán pagar costos relacionados a la terminación anticipada de los servicios, dependiendo de cada contrato.
Para la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, esa diferencia que hizo el gobierno federal para que las reglas de la subcontratación en la administración pública federal entren en vigor hasta el 1 de enero de 2022, fue desigual, debido a que la IP tuvo apenas tres meses (hasta el 1 de agosto próximo). “Esa diferenciación fue muy discriminatoria con la iniciativa privada, ya que la terciarización para el gobierno federal entra en vigor el 1 de enero y a la iniciativa privada sólo les dieron 90 días”, señaló.
Incluso acusó que al darles poco tiempo a las empresas para que se regularicen, se arriesgaron millones de empleos que estaban en modalidad de subcontratación, debido a que muchas empresas no han podido ajustarse a las nuevas leyes, como el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con su respectivo pago de adeudos ante el IMSS y ante el Infonavit.