El Estado de México tiene su Ley Ingrid, con la que castigará hasta con 11 años de cárcel a servidores públicos de las áreas de seguridad o impartición de justicia que comercialice, comparta o difunda imágenes, audio, video o documentos sobre cadáveres o parte de ellos.
El delito castigará de tres a seis años de prisión al que por cualquier medio comparta ese tipo de imágenes, y se impondrá una multa equivalente a 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las penas incrementan cuando se trate de contenidos de cuerpos de niñas o mujeres.
El proyecto de dictamen que se votó por unanimidad en el pleno del Congreso local se compone de cuatro iniciativas que reforman diversos artículos del Código Penal del Edomex para tipificar la filtración de imágenes de mujeres.
PAL
