La bancada de diputados del PRI, entre ellos la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, propusieron una iniciativa de reforma para regular las consultas internas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de normas que “afecten la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación”.
La iniciativa presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso surge después de que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, presentó al Pleno de ese máximo tribunal, el 14 de julio pasado, una consulta sobre la constitucionalidad de la ampliación de su mandato y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) establecido en el artículo 13 Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Claudia Pastor, una de las promoventes de la reforma, señaló en Tribuna que el ministro presidente recurrió a ese recurso debido a “la presión social, académica y jurídica” que despertó la llamada “Ley Zaldívar”, pero resaltó que no está regulado por la ley.
“El procedimiento para ejercer esa facultad (de consulta) no está definido ni regulado en la legislación actual, lo que desafortunadamente genera mayor incertidumbre en relación con los efectos y alcances que pueda generarse con motivo de esta consulta”, dijo.
¿Qué leyes se modificarían?
La propuesta propone reformas los artículos 11 y 14 de la Ley Orgánica y agregar un Título Noveno de la misma, a fin de establecer “un mecanismo extraordinario y especial” dentro de la Corte que se someta a consulta la constitucionalidad de las normas que atenten contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de cualquiera de sus órganos.
En el artículo 124 del Título Noveno se estipula que cuando “cuando el Congreso de la Unión expida expida normas que puedan afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y contravengan el espíritu y/o el contenido de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá a consulta del Pleno la constitucionalidad de dichas normas a fin de que determine su validez o defina, en su caso, su ámbito de aplicación o inaplicación”.
Artículo 125 define que la consulta deberá solicitarla el presidente de la Corte dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de las normas respectivas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo