Las reformas aprobadas este jueves en el Senado son las más importantes al Poder Judicial de la Federación desde, las que en 1994, reconfiguraran la justicia federal para fortalecer la idea de justicia constitucional en nuestro país.
En un documento, la SCJN dijo que así como una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, a la vez que se reforman cinco otros ordenamientos, con el fin de implementar la reforma constitucional del 11 de marzo de 2021.
Con motivo de las reformas se establece un nuevo procedimiento de creación de jurisprudencia, se introducen modificaciones a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fortalecen su función de tribunal constitucional, se establecen los Plenos Regionales y los Tribunales Colegiados de Apelación, se amplía y fortalece la carrera judicial para que todos los cargos jurisdiccionales se accedan por concurso, se fortalece el rol de la Escuela Federal de Formación Judicial en la capacitación, formación y selección de cuadros jurisdiccionales y se amplían los servicios de defensoría y asesoría pública.
Acotó que dicha adecuaciones son una respuesta a la reciente reforma constitucional y buscan garantizar que se cumplan los propósitos del Constituyente consistentes en transformar la impartición de justicia federal en nuestro país.
La Suprema Corte señala además que las reformas implican un esfuerzo de producción normativa a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual deberá llevar a cabo una reorganización total de su propia estructura y funcionamiento, para determinar las comisiones que sean necesarias a la luz de los propósitos de la reforma que incluyen el fortalecimiento de la carrera judicial, el combate a la corrupción y el nepotismo, el uso racional de recursos, el nuevo paradigma de capacitación, el nuevo paradigma de la defensoría y asesoría pública, etc.
Instalación de tribunales
Para la instalación de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Plenos Regionales será necesaria una reordenación administrativa de todos los órganos jurisdiccionales federales del país, para cumplir con el reto de que ello se haga sin presupuesto adicional, lo que implicará rediseñar las plantillas y evaluar las cargas de trabajo de juzgados y tribunales federales a nivel nacional para hacer más eficientes los procesos, lo que supone una reingeniería a partir de los recursos humanos y materiales existentes.
En cuanto a la carrera judicial, deberá expedirse la normativa que regule los concursos de oposición para cada una de las categorías; se deberá diseñar la modalidad escolarizada para los concursos de acceso a la categoría de juez o jueza de distrito; deberán implementarse los mecanismos para la evaluación del desempeño, lo cual constituye una figura completamente novedosa a través de la cual se tomarán decisiones sobre obtención de estímulos, reconocimientos, así como sobre la permanencia en la carrera judicial, todo ello con perspectiva de género y con medidas tendientes a la conciliación entre la vida laboral y familiar, lo que supone una perspectiva transversal a todo el diseño.
De igual manera será necesario consolidar el funcionamiento de la Escuela Federal de Formación Judicial como institución académica de vanguardia y su papel fundamental en la formación y selección de operadores del sistema de impartición de justicia federal, incluyendo personas juzgadoras, defensoras y asesoras. Habrá que darle el impulso necesario para que participe también en la formación de cuadros jurisdiccionales en las entidades federativas.
En lo que toca al Instituto Federal de Defensoría Pública, se deberán fortalecer sus capacidades institucionales para hacer frente a las nuevas materias en las que deberá intervenir y para garantizar que los abogados del pueblo lleguen a todos los rincones del país, también a partir de una reorganización administrativa que no implique recursos presupuestarios adicionales.
Como puede verse, la instrumentación de esta reforma es compleja y profunda. Requiere de cambios jurídico-normativos, jurisdiccionales, administrativos de gran calado.
Como consecuencia de ello, el Senado determinó en un artículo transitorio que todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal permanezcan por dos años más en su encargo.
dhfm