La Secretaría de la Función Pública está realizando el proceso de revisión de más de mil 493 contratos que se realizaron ante las autoridades y empresas privadas. Para esto, utiliza la Bitácora Electrónica de Seguimiento a Obra Pública (BESOP), una herramienta de registro en línea. que permite determinar si se cumplieron con las condiciones para celebrar cualquier acuerdo.
Las obras relacionadas con este análisis corresponden a transacciones con recursos públicos que ascienden a 108 mil 687 millones pesos y dos millones 933 mil dólares.
En esta plataforma los involucrados en los contratos federales registran todos los trabajos que se hayan contratado a fin de que se dé a conocer todos los aspectos que se llevaron a cabo desde el inicio, hasta la culminación de una obra.
Con este mecanismo se busca identificar, verificar y prevenir cualquier tipo de incidencia, problemas en la ejecución de proyectos o una mala prestación de un servicio. Su fin último es lograr modernizar la gestión de los proyectos que se realizan dentro del país con recursos públicos.
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Durante este periodo, el seguimiento se realizó de dos maneras: mediante monitoreo y análisis se revisaron 229 contratos por un monto de ocho mil 581 millones de pesos, y mediante 24 visitas de supervisión, evaluación y validación de información se revisaron mil 264 contratos, por un monto de 100 mil 106 millones de pesos y dos millones 933 mil dólares.
En total, 63 instituciones de la APF y las 32 entidades federativas han registrado contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, y se dieron de alta mil 549 usuarios por parte de las entidades gubernamentales y dos mil 528 superintendentes.
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Preparados para operar
Como parte del funcionamiento de este servicio, la Secretaría de la Función Pública imparte el taller “Normatividad y uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, BESOP”, con el cual se ha capacitado a 914 usuarios.
En la presente administración, la SFP ha trabajado en la consolidación de la BESOP para que los particulares y las instituciones gubernamentales puedan corroborar la legalidad en la operación de las contrataciones públicas y garantizar que se cumplan con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
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