Los legisladores del Congreso capitalino buscan que el fondo de capitalidad para la Ciudad de México sea obligatorio y no sea menor al 0.05 por ciento del presupuesto federal que apruebe la Cámara de Diputados.
Lo que se traduce, en que recursos extras de entre 2 mil y 3 mil millones de pesos para apoyar a la Ciudad de México con los costos que resultan de su carácter de entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y capital del país.
Por ello, el PAN en este órgano legislativo propusieron expedir la Ley del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, en la cual se detalla que estos recursos estarán encaminados a programas y proyectos que contribuyan a que la capital cumpla con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030.
En el documento presentado se estipula que el 40 por ciento del presupuesto se ejerza directamente por el gobierno capitalino; 30 por ciento en programas y proyectos evaluados por las autoridades; 20 por ciento que sea gastado por las alcaldías y 10 por ciento programas y proyectos propuestos por las alcaldías.
Destino de los recursos
En sesión ordinaria, el legislador, Anibal Cáñez refirió que solo se podrán gastar los recurso en infraestructura urbana, de vialidades y movilidad y de seguridad, cuestiones que deben de ser abordadas desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
Asimismo, dejo en claro que no se podrán utilizar para programas sociales como el que impulsa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, denominado “Mi Beca para Empezar”.
También dijo que se propone la creación de un consejo integrado por autoridades de la Ciudad de México y la Federación para la elaborar las propuestas de capitalidad y dar seguimiento de los recursos que se asignen al Fondo.
Detalló que como representante del Congreso de la Ciudad de México en el consejo, ese lugar será ocupado de manera anual y rotativa, por los Presidentes de las Comisiones de: Agenda 2030; de Gestión Integral del Agua; y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
“Retirar el fondo fue una irresponsable decisión y fue tomada en contravención al principio de progresividad previsto en el artículo 1o, párrafo tercero, de la Constitución, que impone la prohibición de no regresividad de los derechos humanos y sus garantías institucionales”, argumentó.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación.
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