El gobierno federal alista una demanda civil para cancelar los contratos que se tienen con empresas encargadas de la construcción, equipamiento y de servicios como alimentos, lavandería y mantenimiento en ocho cárceles federales, para que sea presentada en caso de que no se llegue a un acuerdo con estos proveedores.
En 2010 y 2011, por adjudicación directa, se entregaron contratos a empresas para la operación de prisiones bajo el esquema de contratos plurianuales de prestación de servicios (CPS) durante 22 años.
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Los ocho centros son: el Cefereso 11, en Sonora; el 12, de Guanajuato; el Cefereso 13, en Oaxaca; el 14, de Durango; el 17, en Michoacán; el 15, en Chiapas; el 16, en Morelos, y el 18, en Coahuila, y han generado para el gobierno federal un gasto en nueve años de 75 mil 661 millones 735 mil pesos.
Esta cantidad representa sólo 36 por ciento de lo que se debe, pues al gobierno federal le falta pagar 190 mil 638 millones de pesos.
El costo total de estos ceferesos, proyectado a 20 años, es de 266 mil 300 millones de pesos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que, de 22 mil 776 millones de pesos ejercidos por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en 2020, 68.3 por ciento fue para pagar a esas empresas, es decir, 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos, que representa la mitad de lo que cuestan las vacunas contra el COVID-19, según señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gasto diario de cada interno de esas ocho cárceles privatizadas va de dos mil 558 pesos hasta seis mil 411 pesos, mientras que, en prisiones de la CDMX, el gasto es de 500 pesos en promedio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que sostendrán reuniones con cada uno de los proveedores, para alcanzar un acuerdo que permita cancelar dichos contratos.
“Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”, dijo.
También advirtió que en caso de que los empresarios se nieguen a colaborar, el gobierno federal presentará un recurso legal.
“Lo siguiente, o al mismo tiempo, se va a empezar a elaborar una denuncia para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”.
AHMSA QUIERE PAGAR
Altos Hornos de México (AHMSA) informó que está dispuesta a pagar 200 millones de dólares que demanda el Gobierno de México por la operación de compraventa del complejo Agronitrogenados.
El ofrecimiento del gobierno mexicano es que se paguen 50 millones de dólares cada año; sin embargo, es la Fiscalía General de la República la que decidirá si este esquema de reparación del daño es legal.
Por Diana Martínez Y Francisco Nieto