La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, con la que se deroga la actual Ley General de Protección Civil y se deja atrás el modelo de fideicomisos para atender financieramente los desastres naturales en México, como lo hacía el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden); en su lugar, los recursos serán directos a través del gobierno federal.
En el Pleno de San Lázaro fue avalada con 390 votos a favor, 71 votos en contra y cuatro abstenciones. La oposición, principalmente el PAN, acusó que este ordenamiento está “desmantelando” la protección civil en México tanto en operación como financieramente y advirtió que está concentrando los recursos en la federación bajo un esquema de opacidad que desprotege a los estados.
Y es que ante la desaparición de los fideicomisos del Fonden y Fopreden, la nueva ley establece el programa de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil que serán los mecanismos presupuestarios de financiamiento y cofinanciamiento del gobierno federal para apoyar a las instancias públicas federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, y a la población en general en las acciones de prevención y reducción de riesgos y de reconstrucción.
Para ello, cada entidad federativa creará sus programas de gestión del riesgo, “cuya finalidad será atender amenazas, prevenir y reducir riesgos, atender emergencias y desastres de origen natural que ocurran dentro de su jurisdicción, asimismo se considera la capacitación, equipamiento y sistematización de Protección Civil en las entidades”.
A la par, será creada la la Agencia de Gestión de Riesgos Públicos que, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, apoyará a las dependencias federales y a los estados a gestionar recursos para atender las emergencias en el país
“La extinción de los fideicomisos del Fonden y Fopreden ha sido subsanada con restauración de Programas de gestión integral de riesgos de desastres y de protección civil, tal como lo determina el artículo quinto transitorio, la Secretaría de Hacienda y Seguridad y Protección Ciudadana deberán emitir las reglas de operación de los Programas de Gestión integral de riesgos de desastres y Protección civil, que atenderán la prevención, atención de emergencias y desastres en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor de la presente ley”, dijo en tribuna la diputada Nancy Reséndiz al presentar el dictamen.
Sin embargo, la bancada del PAN acusó que la nueva ley, conformada por 95 artículos y 12 transitorios y enviada al Senado de la República para su revisión, es ambigua y con ella el gobierno federal se lava las manos en la materia.
Por ejemplo, la diputada Verónica Sobrado advirtió que en los artículos 67 y 74 se deslinda al gobierno federal de garantizar los recursos necesarios ante las declaratorias de emergencia y de desastre, pues en el primer artículo se establece que estos estarán sujetos “a la disponibilidad de recursos aprobados para tales fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
En el artículo 74, dijo, “sutilmente sustituyen la palabra ‘otorgará’ por ‘podrá’, dejando a los estados y municipios como los únicos obligados para aportar recursos (para la atención de desastres), lo cual no debe ser”.
En tanto, su compañera de bancada, Sonia Rocha acusó que “este dictamen presenta una ley con un armado institucional débil, que condena al país a continuar en un esquema más reactivo que preventivo, que desmantela el apoyo financiero a estados y municipios para centrarlo en la federación y que privilegia la opacidad y discrecionalidad que tanto pregonaron combatir”.
La nueva ley también establece que después de una declaratoria de desastre el Ejecutivo federal determinará la pertinencia de elaborar un Programa Nacional de Reconstrucción a través de la Comisión Intersecretarial.
También sustituye el término fenómeno por amenaza, en concordancia con los instrumentos internacionales signados por México. Por otra parte, se establece un apartado “de los donativos para el auxilio de la población”, en el que se ordena que el gobierno federal podrá recibir donativos de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, pero estos se concentrarán en la Tesorería de la Federación.
Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés