El Congreso de la Ciudad de México determinó la suspensión de términos y plazos para efectos de los actos y procedimientos en materia de transparencia hasta que se determine el semáforo verde en la capital del país.
El acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que como consecuencia de la suspensión no correrán plazos y términos relacionados con la recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto.
Lo mismo será para la Plataforma Nacional de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal y para el seguimiento y trámite a los recursos de revisión notificados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
También expone que la suspensión de la recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia. La recepción y atención de notificaciones de resoluciones y seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales.
Mal precedente
Al inicio de la sesión de este martes, el diputado del PAN, Diego Garrido, se pronunció en contra del acuerdo ya que aseguró que, además de que es inconstitucional, abona a la opacidad del poder legislativo y podría ser un mal precedente para el congreso.
“El acuerdo está vulnerando un derecho constitucional de los ciudadanos que es acceder a la información pública y como se puede estar ejerciendo el gasto por las áreas administrativas del congreso y este acuerdo por vía administrativa, suspende un derecho constitucional, está poniendo una barrera para que los ciudadanos puedan tener información pública”, afirmó.
El documento precisa que se exceptúan de la suspensión, todos los asuntos relacionados al proceso parlamentario y que la Oficialía Mayor, la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la Unidad de Transparencia, serán las encargadas de proporcionar las condiciones necesarias para dar cumplimiento del acuerdo.
Por Jorge Almaquio García Chagoya
