Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se utilizó la Cruzada Nacional Contra el Hambre para desviar recursos públicos en actos proselitistas y compra de votos.
Así lo aseguró el ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, en su comparecencia ante el Ministerio Público federal para obtener un criterio de oportunidad.
Zebadúa describió el esquema de la Estafa Maestra y aseguró que desde diciembre de 2012 comenzó una estrategia social y político electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno..
“Una de las ramas de dicha estrategia se denominó “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, declaró el ex colaborador de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, actualmente presa.
Zebadúa señaló que entre enero y febrero de 2013 supo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray, dispuso de recursos no presupuestados por un monto de mil millones de pesos para asignarlos a la Cruzada.
“Solo en Sedesol, esos recursos fueron utilizados por instrucción de la secretaria Rosario Robles, a través de sus áreas de comunicación social y programas sociales para organizar eventos de publicidad, campañas de medios, volanteo, brigadas, grupos de activismo político, en la mayor parte de los Estados de la República, a partir del año 2013, que incluso fue declarado mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, detalló.
El ex funcionario aseguró que en el sexenio de Peña Nieto se privilegió a entidades con procesos electorales en puerta.
“Para ejecutar estos recursos, la secretaria Rosario Robles me comentó que, en consulta con el secretario de Hacienda Videgaray, le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían los servicios inherentes a la Campaña de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, mediante la utilización de universidades públicas, ya que la Ley de Adquisiciones lo permitía ya la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores”, explicó.
Dicho mecanismo permitió a Sedesol y otras doce dependencias como Sagarpa, Pemex, Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ISSSTE, entre otras, proveer de recursos para la promoción publicitaria, político-electoral de Peña Nieto y el PRI.
"Se podían destinar recursos extras proporcionados por la Secretaría de Hacienda, para que las dependencias llevaran a cabo activismo político contratando empresas en muchos de los casos a conveniencia, para que proveyeran los servicios correspondientes", indicó.
De acuerdo con la investigación contra Robles, la Sedesol destinó más de 600 millones de pesos en spots de la Cruzada y por los que se subcontrató a proveedores irregulares que simularon la ejecución del servicio.
Por: Diana Martínez
