La American Bar Asociation (ABA) que representa al gremio de abogados de Estados Unidos, denunció que las autoridades fiscales de México están amenazando con iniciar investigaciones penales para aquellas personas que no estén al corriente con sus impuestos y les pide que no se asesoren con despachos, sino que se acerquen directamente a la autoridad.
En una carta enviada al presidente López Obrador, señalan que los funcionarios gubernamentales han pedido a las personas o entidades que presuntamente no han cumplido con sus obligaciones legales, que se abstengan de buscar representación legal y en su lugar se acerquen directamente a las agencias gubernamentales para corregir las presuntas faltas de conducta.
“La Procuraduría Fiscal de la Federación está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria que perciban se ha cometido”, indicó.
También señalan que varios altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria han manifestado que los miembros de la abogacía son un obstáculo para los objetivos de transformación del gobierno mexicano.
“La ABA se opone firmemente a cualquier acción tomada por los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal, a un juicio o procedimiento justo, o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto a través de los canales legales apropiados”, advirtió.
Las acciones violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos, entre otros, por los artículos 14, 17 y 20, fracción B, fracción VIII de la Constitución Política de México y los artículos 8, párrafo 2, fracción d) y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte, dijo.
Estos derechos están íntimamente ligados al derecho de los abogados, consultores y litigantes a ejercer la abogacía, brindar asesoría legal y representar a sus clientes frente a acciones gubernamentales. El pleno respeto de estos derechos es el sello distintivo de toda sociedad democrática y el estándar de los gobiernos democráticos, indicó el organismo.
“La ABA le insta a que se asegure de que su administración respete el Estado de derecho y a que instruya a todos los funcionarios gubernamentales a respetar el derecho de las personas a buscar asesoría legal, incluso a estar acompañados por el asesor elegido durante todas las reuniones con funcionarios gubernamentales y, cuando lo consideren corresponda, defender sus derechos a través de procedimientos administrativos o judiciales, libres de interferencia del gobierno con la asesoría legal”, añadió.
Por: Adrián Arias