El extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y su familia se quedaron sin servicio de escoltas. Esto debido a que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva al exfuncionario.
El mismo impartidor de justicia le concedió la suspensión provisional a Zerón de Lucio el pasado 14 de octubre al admitir el amparo que el exfuncionario presentó para reclamar el retiro de seguridad personal por parte de la Fiscalía General de la República.
“Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este Juzgador estima que no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 147 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte agraviada pretende obtener efectos constitutivos a través de la presente suspensión y, de llegarse a otorgar la suspensión para dichos efectos ésta no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, ni aun de restablecerlas provisionalmente, sino que tendría efectos restitutorios de lo cual no resulta procedente ocuparse en la presente resolución", indicó el juez.
Se trata del segundo amparo que Zerón presenta por el retiro de servicio de escoltas que pertenece a la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas de la Fiscalía.
Anteriormente, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México le otorgó también la suspensión con la que ordenó restituirle el servicio de protección que consiste en 24 escoltas, cuatro vehículos blindados y cuatro de seguimiento.
¿De que es acusado?
El extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es acusado de haber llevado a cabo una investigación fuera de la norma legal para dar con los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Dentro de las acciones que se cree fueron cometidas por el exfuncionario se encuentra la tortura y la amenaza, las cuales fueron usadas para obtener declaraciones que sostuvieran la tesis de que los alumnos fueron asesinados y quemados en un basurero ubicado en Cocula.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó que los hechos ocurrieran de esta manera y en septiembre pasado dio a conocer evidencias que sostienen que la llamada "verdad histórica" no tiene fundamentos con relación a lo ocurrido con los normalistas.
Por: Diana Martínez