El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, estaría incurriendo en desacato y podría ser acreedor de sanciones penales y administrativas al intentar vender las Villas Panamericanas, de acuerdo con el cumplimiento a la medida cautelar concedida desde el año 2013 por la sexta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa presidida por el Magistrado Alberto Barba Gómez que impide que se vendan las Villas Panamericanas, señaló en rueda de prensa Alejandro Cárdenas, abogado de Conciencia Cívica, Parlamento de Colonias y de los vecinos de Rancho Nuevo.
El pasado 30 de agosto se contemplaba que sería firmado el contrato de compraventa con Green Life Capital, SAPI S.A. de C.V., quien, según el acuerdo, pagaría a las instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos de los cuales, el Ipejal (Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco) recibirá 495 millones de pesos, mientras que el Ijalvi (Instituto Jalisciense de la Vivienda) mil 5 millones.
“El 30 de agosto se les notificó a las autoridades del Instituto de Pensiones del Estado y del Ijalvi sobre un requerimiento sobre el cumplimiento de la suspensión que se concedió en el expediente 381-13, en este requerimiento, que les fue debidamente notificado, se les está haciendo saber, de nueva cuenta, porque ellos ya estaban notificados desde el año 2013, que no se puede celebrar ningún contrato de compra venta o de promesa de compra venta que implique que se transmite la propiedad de los departamentos o de cualquier cuarto incluso que esté adentro del complejo Villas Panamericanas, también conocido como Villas Bosques, se harán acreedores a sanción penal”, explicó.
Suspensión contradictoria
Al referirse a la suspensión emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa que autoriza o instruye a las autoridades para que continúen con los trámites de preventa que se dieron a conocer el 30 de agosto, dijo que es contradictoria a las suspensiones existentes y que fueron interpuestas por los vecinos y sociedades civiles.
Detalló que jurídicamente se estipula que cuando existan dos suspensiones contradictorias, tiene que prevalecer la más antigua y por eso se están interponiendo en estos momentos todos los recursos de defensa.
“Ya ha sido criterio de los tribunales de la federación que cuando existan, como en el caso en particular, dos suspensiones que una diga vendes y otra diga, no vendes, tiene que subsistir la más antigua, en este caso, la suspensión de Conciencia Cívica es del año 2013 y la suspensión de los vecinos de Rancho Contento y del Parlamento de Colonias es del 2011 y son las que tienen que prevalecer”.
Alejandro Cárdenas, dijo que lo que procede ahora para el Ayuntamiento de Zapopan es que no emita los permisos, tal y como lo ha hecho público el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro y lo que debe hacer es notificar al Tribunal que está impedido por las anteriores resoluciones a proceder en favor de la desarrolladora inmobiliaria.
Por Mayeli Mariscal
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