En 2016, la Secretari?a de Educacio?n Pu?blica pago? casi 9 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la No?mina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a personal contratado como profesor, pero que no da clases y esta? asignado a labores administrativas en dependencias educativas estatales.
Con este dinero, por ejemplo, se habri?an arreglado 2 mil 993 escuelas en la Ciudad de Me?xico ese mismo an?o y no so?lo 400 con los mil 200 millones de pesos que se le asignaron en el programa Escuelas al Cien. El monto tambie?n es casi cuatro veces los 2 mil 500 millones de pesos que se autorizaron en 2016 para comprar tablets para alumnos de quinto y sexto de primaria, programa que finalmente fue cancelado por falta de recursos.
En el FONE, los profesores cobran por claves que identifican sus centros de trabajo y dentro de ellas se encuentra la clave ADG que designa a dependencias estatales educativas, cuyos empleados cobran en la misma no?mina que los maestros.
El an?o pasado, en el FONE se registraron pagos por 8 mil 979 millones 978 mil 945 pesos para pagar esos sueldos en promedio, 61 mil 500 plazas ADG. Los registros vienen sen?alados como personal docente, sin embargo, esta?n asignados a dependencias educativas donde no se dan clases.
“El gran problema que observamos es la persistencia de pago a un nu?mero de individuos que hacen funciones sindicales o administrativas con una plaza de docente en violacio?n a la Ley del Servicio Profesional Docente”, explica Marco Ferna?ndez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec. de Monterrey e investigador de Me?xico Evalu?a.
Ferna?ndez, quien esta? por presentar una investigacio?n al respecto, explica que quienes mandan las solicitudes de pago son los gobiernos estatales que saben que? funciones desempen?a ese personal y que no esta? relacionado con dar clases.
“Si tu? eres director de una escuela, supervisor o profesor y por algu?n motivo te mandan a la burocracia de la SEP de Guerrero o de Oaxaca o quieres trabajar para el sindicato, si tu plaza es de docente y quieres hacer estas cosas las puedes hacer, pero no con cargo al erario”, sostiene Ferna?ndez.
El especialista explica que, aunque este tipo de plazas esta?n en convenio con las autoridades federales, si? implican una contradiccio?n legal que compromete una cantidad importante de recursos que se podri?an aprovechar en otros programas.
“Este problema viene de tiempo atra?s, en la forma en que se descentralizo? la educacio?n y la falta de autorizacio?n por parte de la Secretari?a de Hacienda para poder tener plazas administrativas y muchos estados empezaron a utilizar plazas docentes para labores de este tipo, la ley dice claramente que eso no se puede hacer, pero eso no ha sido impedimento”, dice.
Sin embargo, el an?o pasado la SEP dejo? de pagar a personal docente que estaba comisiona- do a labores sindicales, lo que le represento? un ahorro de alrededor de mil millones de pesos.
"Hay un esfuerzo por parte de la autoridad federal por tratar de cambiar estas sinergi?as, pero hay una resistencia por parte de las autoridades esta- tales. No se? si por presiones del sindicato para evitar conflictos con el magisterio en sus esta- dos, por no asumir el pago de la no?mina de los que hacen labores administrativas", sen?alo?.
POR IVA?N RAMI?REZ VILLATORO
“El gran problema que observamos es la persistencia de pago a un nu?mero de individuos que hacen funciones sindicales o administrativas con una plaza de docente en violacio?n a la Ley del Servicio Profesional Docente”, explica Marco Ferna?ndez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec. de Monterrey e investigador de Me?xico Evalu?a.
Ferna?ndez, quien esta? por presentar una investigacio?n al respecto, explica que quienes mandan las solicitudes de pago son los gobiernos estatales que saben que? funciones desempen?a ese personal y que no esta? relacionado con dar clases.
“Si tu? eres director de una escuela, supervisor o profesor y por algu?n motivo te mandan a la burocracia de la SEP de Guerrero o de Oaxaca o quieres trabajar para el sindicato, si tu plaza es de docente y quieres hacer estas cosas las puedes hacer, pero no con cargo al erario”, sostiene Ferna?ndez.
El especialista explica que, aunque este tipo de plazas esta?n en convenio con las autoridades federales, si? implican una contradiccio?n legal que compromete una cantidad importante de recursos que se podri?an aprovechar en otros programas.
“Este problema viene de tiempo atra?s, en la forma en que se descentralizo? la educacio?n y la falta de autorizacio?n por parte de la Secretari?a de Hacienda para poder tener plazas administrativas y muchos estados empezaron a utilizar plazas docentes para labores de este tipo, la ley dice claramente que eso no se puede hacer, pero eso no ha sido impedimento”, dice.
Sin embargo, el an?o pasado la SEP dejo? de pagar a personal docente que estaba comisiona- do a labores sindicales, lo que le represento? un ahorro de alrededor de mil millones de pesos.
"Hay un esfuerzo por parte de la autoridad federal por tratar de cambiar estas sinergi?as, pero hay una resistencia por parte de las autoridades esta- tales. No se? si por presiones del sindicato para evitar conflictos con el magisterio en sus esta- dos, por no asumir el pago de la no?mina de los que hacen labores administrativas", sen?alo?.
POR IVA?N RAMI?REZ VILLATORO