Perú decretó ayer un toque de queda durante tres días en la región de Puno, frontera con Bolivia, foco de nuevas protestas donde han muerto 17 civiles en enfrentamientos y un policía, en los actos más violentos, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Puno estará en duelo hasta mañana debido a la gran cantidad de muertos en la víspera, elevando a 39 los civiles fallecidos desde diciembre pasado.
El primer ministro, Alberto Otárola, manifestó que el gobierno no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público.
Asimismo, acudió con su gabinete de ministros al Congreso dominado por partidos conservadores, en busca de un voto de confianza, un requisito constitucional y tradicional para permanecer y liderar un nuevo equipo de gobierno.
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo informó además de 68 civiles y 75 policías heridos en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reportó bloqueos en Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
Mientras, la violencia hizo que Boluarte suspendiera una reunión del Acuerdo Nacional, en que representantes de entidades del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil iban a buscar una salida a la actual crisis.
Por su parte, la Iglesia católica, religión mayoritaria en el país, calificó como "situación de guerra" el clima de violencia en el sur peruano.
En este contexto, Perú recibirá hoy a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene a indagar sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
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