La entrada en vigencia de un paquete de reformas penales, aprobadas por el Congreso y que incluyen la cárcel para menores, marcan la ruta que el gobierno de Nayib Bukele decidió tomar contra las pandillas, tras una crisis de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas el pasado fin de semana.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el domingo; ayer hubo traslados de los detenidos a penales. El gobierno ha declarado que estas acciones son una "guerra contra las pandillas".
Las ocho reformas, cuya aprobación concluyó cerca de las 22:00 hora local del miércoles, fueron publicadas en la edición digital del Diario Oficial.
Las medidas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria, y modifican normas como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, el Código Procesal Penal y la Ley Antiterrorismo.
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, mientras que sus líderes o financistas enfrentarán condenas de 40 a 45 años.
Hasta antes de esta reforma, los miembros de las maras enfrentaban penas de entre tres y cinco años de cárcel, y cabecillas de seis a nueve años.
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EFE y AP
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