Está previsto que Estados Unidos aplace una reversión de una controvertida política de expulsión de migrantes, según tres fuentes cercanas al tema, debido a los temores relacionados con la variante Delta, que se propaga rápidamente. El gobierno del presidente Joe Biden había planeado eximir de la política de expulsión a las familias migrantes que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México antes del 31 de julio, pero la norma se seguiría aplicando a individuos, dijeron fuentes vinculadas a las discusiones.
La reversión parcial de la política del Título 42 se retrasó porque el gobierno de Biden "puso freno", debido a las preocupaciones sobre la variante Delta del COVID-19 y el creciente número de infecciones en México, dijo una de las fuentes.
Biden, un demócrata, ha estado bajo intensa presión por parte de grupos de derechos humanos, de defensa de migrantes y funcionarios de la ONU para poner fin a la política de la era del expresidente Donald Trump que, según dicen, lleva a miles de migrantes expulsados a enfrentar secuestros y otros actos de violencia en el norte de México.
Biden ha mantenido el Título 42 activo porque los arrestos fronterizos han aumentado a sus niveles mensuales más altos en 20 años. Desde que asumió el cargo en enero, la medida se ha utilizado más de 500 mil veces para expulsar a migrantes, aunque incluyen personas que cruzan la frontera repetidamente.
"Seguirá vigente mientras esa sea la guía de nuestros expertos médicos y de salud", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, refiriéndose a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Añadió que el gobierno nunca fijó una fecha para poner fin a la práctica.
En tanto, Biden instó al Congreso de Estados Unidos a prorrogar la prohibición federal de desalojos, dos días antes de que expire esa medida, ante la amenaza de la variante Delta de retrasar la recuperación económica del país.
La moratoria, de 11 meses de duración, debía permanecer en vigor hasta septiembre, pero una sentencia de la Suprema Corte dijo que no puede continuar más allá del 31 de julio sin la autorización del Congreso.
PAL