La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) tuvieron hasta el jueves pasado para presentar el informe con el cual confirman que está en proceso la realización de la prueba PISA 2025, pues de no atender la petición realizada por el Poder Judicial, el mismo podría tramitar algún tipo de incidencia que conlleve a la destitución de ambas titulares de SEP y Mejoredu, informó Miguel Ángel Ortiz, representante legal de Educación con Rumbo, organización que promovió el amparo.
“Si transcurriese el plazo emitido por el Poder Judicial y no rinden el informe o se niegan acreditar el cumplimiento, pues ahí definitivamente podrá el Poder Judicial incluso tramitar incidentes de destitución o un procedimiento penal por desacatar una orden judicial”, manifestó en entrevista con El Heraldo de México, detalló que el informe debe incluir los siguientes datos: el pago de la totalidad de los derechos para hacer la prueba, la formalización del convenio entre México y la OCDE, así como la prueba de campo que consiste en el programa piloto que se lleva a cabo en 50 escuelas.
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Por su parte, Florentino Castro López, comisionado de Mejoredu, explicó que la dependencia donde labora no tiene la responsabilidad de emitir el informe que pide el Poder Judicial, ya que desde el 2019 la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido la responsable de decidir si México entra o sale de la prueba PISA, aunado a ello, sostuvo que hasta el momento han atendido todo lo que les han pedido.
“Estamos atendiendo todo lo que nos está pidiendo el Poder Judicial y le estamos informando un poco lo que te estoy diciendo, que nosotros no podemos decidir si la prueba se hace o no”, declaró en entrevista con este medio.
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