Funcionarios del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) piden sobornos de hasta 50 mil dólares para hacer estudios que permitan asignar polígonos para pescar, lo que favorece a los grandes competidores y afecta a los pescadores pequeños, denunciaron voceros de la Coalición de Organizaciones Democrática, Urbanas y Campesinas (CODUC).
“Nos preocupa que se sigan las mismas prácticas con un gobierno nuevo, esperábamos que las cosas fueran a cambiar, y con tristeza vemos que se hacen esfuerzos, pero no llega la justicia”, comentó Antonio Medrano, integrante del comité ejecutivo nacional de la CODUC.
En entrevista, aseguró que 600 pescadores están inconformes con el actuar del organismo que preside Pablo Roberto Arenas Fuentes, pues la institución pide entre 30 mil y 50 mil dólares para realizar estudios técnicos “a modo”, que permitan asignar las áreas en Ensenada, Baja California.
Ello ha provocado un desorden, pues algunas zonas han sido adjudicadas a dos o más grupos de pescadores. “Es una especie de traslape, ahora resulta que le pusieron un segundo piso al mar”, dijo.
“Nos damos cuenta cuando de pronto llegan los barcos a pescar a nuestra zona y nos dicen que obtuvieron los permisos, a pesar de que el área ya había sido asignada”, denunció.
Antonio Medrado dijo que las grandes embarcaciones son las únicas beneficiadas de las prácticas de corrupción, lo que ha desplazado a muchos pescadores locales.
“Mis compañeros no tienen dinero para cosas chuecas; son pescadores ribereños, muchos tienen una o dos lanchitas y viven al día”, aseguró.
CAR