La Asociación Mexicana de Energía (AME), advirtió que la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica va a afectar las tarifas de esa energía en el país.
“Los términos contenidos en la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico causarían un daño de largo plazo a los hogares mexicanos, las distintas industrias y a la competitividad del país”, expuso la asociación en comunicado.
Esta agrupación está conformada por 17 empresas globales de generación eléctrica, que operan en México.
La cancelación de los contratos actuales a los generadores de energía pondrían en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles, añadió la AME.
Además, dice que es labor del poder ejecutivo y de los legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos.
Sostiene que estos procesos se deben realizar al respetar los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares.
“Muchas de nuestras empresas tienen inversiones y presencia en México desde hace más de dos décadas, colaborando con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en pleno respeto a las instituciones y leyes mexicanas”, apunta la agrupación.
Agregó que las empresas compiten entre ellas para ofrecer mejores términos económicos para la industria mexicana y ampliar la capacidad de generación eléctrica sin costo para el erario federal, fortaleciendo el sistema eléctrico nacional y la seguridad energética a través de diversas tecnologías.
“Las modificaciones propuestas ponen en riesgo las inversiones no sólo del sector energético, sino del sector productivo en general, afectando la competitividad de la economía mexicana en un momento donde se requiere la colaboración entre sectores para lograr la recuperación económica de manera más acelerada”, apunta.
Por eso, la AME hizo un llamado a los miembros del Congreso de la Unión para que, en su evaluación de esta propuesta de reforma, prioricen contar con electricidad más barata y menos contaminante.
Asimismo que busquen preservar derechos fundamentales de los ciudadanos, como el acceso a un medio ambiente sano y a la libre competencia en el sector eléctrico.
De acuerdo con la AME, los legisladores deben considerar la “abrumadora” evidencia de beneficios económicos y ambientales de las inversiones de la industria eléctrica privada en el país.
Según la agrupación, entre estos beneficios están que se ha permitido reducir los costos de generación, ha generado empleo bien remunerado y ha apuntalado la transición hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente.