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CCE advierte que declaraciones de funcionarios ponen en “grave riesgo” la Constitución

Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable, asegura el Consejo Coordinador Empresarial

ECONOMÍA

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Foto: Archivo / CUARTOSCUROCréditos: CUARTOSCURO

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que las declaraciones de funcionarios sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ponen en “grave riesgo” la Constitución y las leyes.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro Estado de Derecho”, anotó en un comunicado.

En su informe este lunes añade que reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable.

Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad, agregó la cúpula que encabeza Carlos Salazar Lomelín.

La propuesta de reforma constitucional en regulación del sector eléctrico pretende revertir la que se aprobó en el sexenio pasado que abrió espacio para la iniciativa privada en la generación de dicha energía.

“Con el gran esfuerzo de la nación mexicana hemos forjado normas escritas, y conocidas por todos, para regular nuestro funcionamiento como colectividad. No quisiéramos que algunos servidores públicos las desprecien, hoy en día, como algo intrascendente o prescindible”, anotó.

El verdadero Estado de Derecho tiene cinco características esenciales: a) imperio de la ley, b) división de poderes, c) sujeción de la administración a la ley y al control judicial, d) derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, y e) justicia igual para todos, apuntó.

El sector privado considera que si se revierte la reforma eléctrica, se van a pagar 60 mil millones de dólares en indemnizaciones a las empresas porque afecta contratos que ya se firmaron.