Luego del impacto del Covid-19 en el desarrollo de infraestructura del país, el gobierno federal y la Iniciativa Privada trabajan en conjunto para impulsar la reactivación económica a través de las obras de infraestructura, incluidas en el paquete de proyectos para Apuntalar la Recuperación Económica de México y el paquete carretero para el sureste bajo.
Apenas esta semana, la actual administración junto con representantes de la Iniciativa Privada (IP), presentaron el segundo paquete de proyectos de infraestructura, que consiste en 29 proyectos de infraestructura (16 obras carreteras, nueve energéticas, dos hidráulicas, una portuaria y otra de logística) y una inversión de 228 mil millones de pesos; destacan las autopistas Naucalpan-Ecatepec y Tultepec-Pirámides, el macrolibramiento de Monterrey, la terminal de licuefacción de gas natural Energía Costa Azul y el Gasoducto transístmico.
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Además, para el mejoramiento de infraestructura y movilidad nacional, los sectores público y privado también cuentan con esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP), fundamentales para el desarrollo al ofrecer un marco normativo sólido, transparencia y un menor riesgo para inversiones federales y estatales al tratarse de recursos privados, previo a una adjudicación de largo plazo con estándares de costos, tiempos y calidad establecidos.
De acuerdo con la convocatoria a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su calidad de fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), este instrumento jurídico-financiero se aplicaría en los trabajos de las cinco autopistas y un puente en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco, que contempla el Paquete Sureste, el cual también cubre áreas de construcción, infraestructura, operación, mantenimiento y gestión de proyectos o servicios públicos.
Respaldan estrategias
Aunque expertos coinciden en que la inversión a la red carretera pasa por un mal momento, con la carencia de nuevas obras y el desequilibrio en la diversificación del sistema carretero, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, respaldó las actuales estrategias de infraestructura, las cuales potencian la acción pública y gubernamental al establecer instrumentos para proyectos de inversión que permiten mover recursos domésticos, además de proveer servicios públicos de calidad y la construcción continua de capital social.
“Lo importante es que al sumar el primero y segundo anuncio, se tiene un monto superior a los 500 mil millones de pesos de inversiones financiados con fondos privados y ese monto representa más de 2 puntos del PIB”, señaló sobre el nuevo paquete de infraestructura.
El líder empresarial también reiteró que con la apertura a la inversión, el sector privado tiene credibilidad con la actual administración para seguir trabajando de forma conjunta en el desarrollo económico y estructural del país, además de que la realización de este plan es sustancial para la generación de 400 mil nuevos empleos en el país.
"El anuncio implica una enorme cantidad de trabajo detrás de él, un enorme apoyo detrás de los funcionarios que tienen que tener la responsabilidad de cada uno y yo creo que una enorme conciencia de que esta es la mejor forma de poder llegar a recuperar nuestra economía y hacerla crecer. Quizás esta sea la acción más definitiva y más importante para la recuperación del empleo en nuestro país", aseveró.
Por su parte, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consideró que los beneficios del segundo paquete de infraestructura no serán en el corto plazo y se verán cristalizados hasta el primer semestre de 2021.