Por falta de mayores beneficios fiscales para enfrentar la pandemia, México va a vivir una recesión más larga de lo necesario y va a pagar un costo social más alto de lo indispensable, alertó Santiago Levy, investigador principal no residente de Economía y Desarrollo Mundial del Instituto Brooking, quien aseguró que en México sí es necesaria una reforma fiscal que incluya aumento de impuestos.
El exsubsecretario de Egresos de Hacienda y exdirector del IMSS, consideró que el gobierno debe ser más agresivo en materia del gasto para sortear los efectos del COVID-19, acelerar el “pobre” crecimiento de los últimos 25 años y replantear el sistema de seguridad “fallido” que tiene el país.
“El país tiene el espacio macroeconómico para, de forma prudente, endeudarse en el corto plazo y poner en marcha medidas de apoyo al empleo formal”, comentó al participar en la convención anual del IMEF.
El paquete de estímulos, en su opinión, debe ser de entre dos y tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del cual un segmento importante se canalice a promover el empleo informal, apoyar a las empresas y fortalecer medidas sanitarias.
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Necesario, reforma fiscal
A cambio, dijo, México debe hacer una reforma fiscal que incluya aumento de tasas impositivas para pagar el compromiso de deuda que tomaría y evitar problemas de sostenibilidad.
“Sí hay que hacer una reforma fiscal, sí hay que aumentar la carga fiscal para financiar un esfuerzo social más redistributivo, pero no para seguir financiando los mismos programas que tenemos hoy en día, recaudar más impuestos para seguir financiando subsidios a la informalidad y seguir castigando a la formalidad sería contraproducente”, comentó.
Agregó que esta reforma fiscal se debe hacer siempre y cuando sirva para repensar el contrato social, que es excluyente, castiga a la formalidad y subsidia a la informalidad.
El exfuncionario destacó que 70 por ciento de las empresas mexicanas trabajan en el sector de la informalidad, que propician una baja productividad en el país.
“Estas empresas informales no le dan seguro social a sus empleados, sus trabajadores no van a recibir pensión, sus trabajadores no están protegidos contra despidos y están, en muchas ocasiones, desprovistos de protecciones sociales”, aseveró.
Por Fernando Franco y Laura Quintero