El pasado 29 de abril, el Senado de la República aprobó por mayoría el dictamen constitucional, en el que se reforman los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de suspender los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público de todo aquel que haya sido sentenciado por violencia de género o por haber sido deudores alimentarios.
En este sentido, organizaciones civiles y legisladoras locales, presentaron un documento dirigido a la Mesa Directiva del Congreso de Aguascalientes, para priorizar durante la próxima sesión este decreto nacional, mejor conocido como la “Ley 3 de 3”.
“Le solicitamos al señor presidente de la Mesa Directiva, el Dr. Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, que pueda agendar en el orden del día, el punto que tiene que ver con el decreto que viene desde el Congreso de la Unión con las reformas que conocemos como la ‘3 de 3’”
Angelica de la Peña, presidenta del Colectivo 50+1 Capítulo Aguascalientes.
La diputada Juanis Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género en el Congreso y principal impulsora de la iniciativa en la entidad, explicó que ya está aprobada, por lo que únicamente estaría faltante el trámite y la publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado.
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