Tuvieron que pasar más de seis años para que las madres de víctimas de desaparecidos y colectivos de buscadores consiguieran un espacio en la agenda del gobierno federal y fueran escuchados, lo cual sin duda es una señal de que quien persevera avanza.
Sin embargo, pese al reconocimiento tácito de que en México no existe una cifra real de desaparecidos, como lo declaró la propia secretaría de Gobernación y que en esta materia muchas cosas están en una especie de “limbo jurídico”, hay voces que insisten en que el problema está resuelto o por lo menos no es tan grave.
Una de ellas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que criticó el posicionamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU cuando esta última señaló que en México las desapariciones son sistemáticas o generalizadas, enfatizando que en el país no se vive una crisis en la materia. Tal vez lo que quiso decir la CNDH es que no todas las desapariciones forzadas son cometidas por el Estado, pero ello no quiere decir que no existan, lo que falta es profundizar en las investigaciones para determinar con claridad cuántas comete el gobierno y cuantas los particulares.
La otra es la de la actual presidenta de Morena, que con tal de defender a los gobiernos emanados de dicho partido político y su misma gestión al frente de la Secretaría de Gobernación, salió a decir que desde el sexenio anterior las desapariciones han sido atendidas y que el problema de derechos humanos está resuelto.
Es cuestión de revisar los informes más recientes de la CNDH para confirmar que hay Recomendaciones Graves derivadas de hechos registrados de 2019 a la fecha.
En dicho lapso la comisión ha emitido al menos 27 Recomendaciones por Violaciones Graves a los derechos humanos en contra de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, siendo estas dos últimas las únicas que no han aceptado una y dos Recomendaciones respectivamente. Lo anterior sin contar las Recomendaciones emitidas en contra de gobiernos locales por diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Quizá las más emblemáticas emitidas hasta ahora tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial, entre ellas el caso de la muerte de una mujer dedicada a labores del campo después de que elementos de la Guardia Nacional le dispararon por la espalda con armas de fuego tanto a ella como a sus esposo luego de manifestarse en la presa “La Boquilla” en Delicias, Chihuahua (Recomendación 52VG/2022) el 8 de septiembre de 2020, resultando también lesionada una menor de edad. Cabe recordar que el entonces comandante de la GN en lugar de reconocer su responsabilidad y que sus elementos mintieron, burlonamente dijo que se trató de un “lamentable accidente”.
El otro caso es la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes por parte de elementos del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas (Recomendación 119VG/2023) el 16 de mayo de 2023, cuando las víctimas se encontraban totalmente sometidas, esposadas y sin armas a su alcance y no obstante fueron asesinadas, como de observó en un video.
Ahora bien, el hecho de que la CNDH no haya emitido hasta ahora una Recomendación Grave por desaparición forzada en contra de una institución del gobierno federal no quiere decir que no haya ningún caso, lo que hace falta es confianza en dicho organismo “autónomo” ya que en los últimos años ha perdido credibilidad debido a la carga ideológica con que se ha conducido.
Por lo que respecta a las comisiones estatales de Derechos Humanos, determinar que no han atendido ningún caso vinculado a la desaparición forzada es aún más difícil y nada garantiza que servidores públicos de los niveles estatal y municipal no haya entregado algún detenido a algún grupo criminal como todo parece indicar que ha sucedido en el estado de Jalisco y otras entidades donde el control territorial de los grupos delictivos ha borrado cualquier indicio en este sentido. Razón por la cual decir que no hay desapariciones forzadas en las que haya intervenido el Estado es como negar que mañana vaya a salir el sol.
Una anotación final hablando de desapariciones, independientemente de quien las haya perpetrado (Estado o particulares), tiene que ver con el “limbo jurídico” en que se encuentra la víctima y su impacto en el tejido familiar ya que mientras no aparezca el cuerpo o restos del mismo, aunque hayan pasado 6 años no se puede emitir una declaración de ausencia y presunción de muerte para obtener un acta de defunción; en tanto eso no suceda sus familiares no pueden adquirir los derechos y obligaciones, es decir que no pueden realizar ningún trámite administrativo en términos laborales (finiquitos, pensiones, jubilaciones, Afores, retiro de saldos en cuentas bancarias o cobro de seguros). Posteriormente hubo un avance y logró reducirse hasta 1 año, sin embargo desde entonces poco se ha avanzado y hay gestiones que llegan a tardar hasta 10 años en algunos estados.
Es muy importante que en la iniciativa de ley que se encuentra pausada en el Congreso haya sido tomado en cuenta este detalle que parece sencillo hasta que se convierte en un obstáculo para las familias. En caso de que haya sido incluido los familiares de las víctimas de desaparición y los colectivos de buscadores lo podrían perfeccionar.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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