La frase “comprar la plaza” tiene varios significados, sin embargo dos de ellos son los que más se podrían relacionar con lo que va a pasar el próximo 1 de junio del año en curso a propósito de la elección de candidatos a diversos cargos del poder judicial de la federación.
El primero tiene que ver con los salarios y demás prestaciones a las que tiene derecho una persona por desempeñar un puesto, particularmente dentro del gobierno en cualquiera de sus niveles, en especial en el sector magisterial y energético, así como en algunos los servicios que los gobiernos ofrecen a los habitantes de las grandes ciudades como transporte y limpieza.
En éste sentido, términos como “heredar” o “comprar” la plaza son tan comunes que a nadie asusta escucharlos y que más allá de que sea ilegal, es lo que se estila y hasta se han llegado a ofrecer por parte de gobiernos de los tres niveles en coyunturas particulares como cuando un servidor público fallece en condiciones extraordinarias.
El segundo significado de “plaza” tiene que ver con el hecho de que un grupo delictivo asuma el control de una demarcación territorial para realizar sus actividades ilícitas sin que las autoridades formales lo molesten, a cambio de mantener cierto nivel de estabilidad, conocida en algunos casos como “pax narca”, argumentando que para eso ha pagado a algunos funcionarios del gobierno, como supuestamente ha pasado en diversos estados y municipios donde mantienen presencia grupos delictivos, siendo los ejemplos más emblemáticos Teuchitlán, Jalisco y diversos municipios del sur del Estado de México.
Sobre el particular mucho se ha dicho pero poco se ha comprobado, ya que es una estrategia de los grupos criminales para restar confianza en los gobiernos municipales, estatales e incluso federal, asegurando con ello que los delitos no se denuncien y prevalezca la impunidad.
A dichos como este se debe que la cifra negra de los delitos que tienen que ver con el patrimonio, la vida y la integridad física de las personas no haya disminuido durante los últimos 10 años, en especial la extorsión (incluido el ·cobro de piso”) que en promedio ha sido del 99.83% y el secuestro que ronda el 98%, y que incluso delitos como el robo de vehículo sea del 40%, siendo este un delito en el que el dueño de la unidad vehicular robada puede ser involucrado en algún delito cometido por quienes se hayan apoderado ilegalmente del automóvil.
Dicho lo anterior ahora paso a revisar la gran similitud que existe entre usar los ahorros personales para contender en la elección del 1º de junio por un cargo en el poder judicial de la federación y la tentación de recuperarlos una vez obtenida la plaza de juez, magistrado e incluso ministro, y no precisamente por la vía legal.
Con independencia de que recurran o no a prácticas al margen de la ley para recuperar sus ahorros invertidos durante la campaña, la sombra de la duda va a permanecer sobre ellos, con mayor razón si la actual titular del ejecutivo federal y el ex presidente López Obrador en su momento se han referido al poder judicial como corrupto de manera recurrente y además varios de los candidatos provienen de el. Por si algo faltara, en la conferencia “mañanera” de ayer la presidenta de la República se los volvió a restregar.
Al respecto, no se entiende porque los promotores de la reforma judicial no buscaron una salida menos controversial al tema de los recursos económicos que toda contienda electoral requiere y que lo más seguro es que genere inequidad y que los candidatos recurran a viejas prácticas de financiamiento y apoyo ya conocidas por haber sido utilizadas por los partidos políticos, sobre todo para ocultar su origen.
No obstante lo restrictivo de las medidas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral, es probable que más de uno de los candidatos saque ventaja de sus relaciones con el gobierno de la 4T o de cualquier otro partido político, con el poder legislativo o con empresarios de los medios de comunicación para que sus entrevistas parezcan invitaciones casi espontáneas.
En síntesis, mientras a un candidato al poder judicial no se le apoye económicamente de manera institucional como a los aspirantes a otros cargos de elección popular, por medio de los partidos políticos, no se les podrá reclamar si al final terminan pagando a quienes los apoyaron por medio de alguna resolución a favor o bien asuman que su cargo hará las veces de “patente de corso” para echar mano de lo que sea para recuperar lo invertido.
Una duda final, qué harán los candidatos perdedores para recuperar sus recursos invertidos en tan compleja contienda electoral? Porque en las demás elecciones, la pérdida es para el erario federal o estatal, no para la persona y su familia.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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