La imposición de un arancel del 20.91 por ciento al tomate mexicano que entraría en vigor el próximo 14 de julio por instrucciones del gobierno de Donald Trump constituye un golpe al sustento de miles de productores nacionales y a una de las principales cadenas agroindustriales de nuestro país.
De concretarse la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Suspensión de 2019, el acuerdo comercial por el que se había mantenido estable el intercambio de tomate fresco entre ambas naciones quedará roto y los consumidores del país vecino sufrirán las consecuencias.
Cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Julio Berdegué, y del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA), que dirige Juan Carlos Anaya, señalan que el tomate mexicano representa el 55 por ciento del consumo en Estados Unidos, mientras que el 98 por ciento del tomate que México exporta tiene como destino ese país.
Durante años, el flujo de este fruto benefició ambos lados de la frontera, pues permitió que México se consolidara como líder en su producción y se generaran más de 400 mil empleos en entidades como Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas.
Además, se garantizó el abasto en Estados Unidos, país cuya producción es insuficiente para atender la demanda interna.
Un estudio de la Universidad de Arizona estima que, si se imponen los aranceles, el precio por contenedor podría incrementarse en más del 50 por ciento, afectando directamente a los consumidores, distribuidores y cadenas de autoservicio estadounidenses.
La aplicación del arancel llega en un momento crítico para nuestro país ante la amenaza de nuevas sequías, el incremento de costos de producción y una alta dependencia del mercado estadounidense, lo que resultaría en pérdida de empleos, reducción de los ingresos de las familias del campo y el freno de inversiones en el sector.
Las entidades que tendrán un fuerte golpe son Sinaloa, en donde el tomate representa cerca del 20 por ciento del valor agroalimentario estatal, también Zacatecas y Michoacán, cuyos sistemas de agricultura protegida generan empleos permanentes, mientras que Baja California, cuya cercanía con EE. UU. lo convierte en un eje estratégico para exportación.
El GCMA hizo un llamado urgente al gobierno mexicano para que actúe con firmeza en defensa del sector, pues se necesitan medidas diplomáticas, acciones legales dentro del marco del T-MEC, y, sobre todo, una estrategia que contemple escenarios de contingencia para proteger a los productores ante posibles cierres del mercado.
Esta coyuntura también es un recordatorio de la importancia de diversificar mercados y de invertir en procesos de valor agregado y diferenciación de productos que permitan a México abrir nuevas puertas más allá de Estados Unidos.
El anuncio de estos aranceles constituye una señal de alarma para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ante una decisión unilateral y con tintes políticos que trastocaría la integración de ambas economías, pero, sobre todo, una cadena agroalimentaria mutuamente beneficiosa y el corazón productivo de muchas regiones de México.
POR MARIANA OTERO BRIZ
COLABORADORA
@Brizcocho
EEZ
