Un nuevo conflicto está en ciernes en el deporte mexicano. Se trata de la disputa por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), que encabeza Antonio Lozano, lugar que ahora reclama Israel Benítez, el brazo derecho de la exdirectora Ana Guevara.
Alega que fue electo para el periodo 2021-2026, y su intención es lograr que tanto al COM como la Conade lo reconozcan. Sus argumentos son que por vía judicial consiguió que un juez determinara que es el presidente. La Ley del Deporte indica que para que una asociación deportiva (mejor conocida como federación) tenga validez debe contar con el aval y reconocimiento de la federación internacional correspondiente (la World Athletics), de la Conade y del COM.
En el caso de la FMAA y de Antonio Lozano, tanto la World Athletics, que dirige Sebastian Coe, como el COM reconocen a ambos. No así la Conade, dado que desde hace alrededor de 10 años tanto Guevara como Benítez han intentado deshacerse de Lozano. Durante su administración, la sonorense no le dio recursos ni su aval para operar.
Resulta curioso que Benítez sostenga que fue electo para el periodo 2021-2026, dado que él era funcionario en la Conade en 2022, 2023 y 2024; luego entonces, la Conade pudo haber dicho esta boca es mía y reconozco a Benítez como el legítimo presidente, pero esto no ocurrió porque:
1) Sebastian Coe no aceptó desconocer a Lozano, a pesar de las peticiones de Guevara y
2) Se habría configurado un conflicto de interés. Imagínese que el puesto que ocupaba Benítez era el de subdirector de Calidad para el Deporte, que, entre otras atribuciones, tiene el poder de asignar recursos federales a las federaciones deportivas.
Pienso en una auditoría que señalara que el servidor público Israel Benítez, le asignó equis cantidad de dinero a la FMAA que dirige el federativo Israel Benítez. Al haber quedado fuera de la jugada política, Benítez ahora sí reclama lo que considera que es suyo.
Hasta ahora, ni Rommel Pacheco ni María José Alcalá le han dado audiencia. Lo que sí es que ocurrió algo grave: Benítez tiene en su poder la firma electrónica de la FMAA, y así le arrebató el control a Antonio Lozano ante el SAT. Benítez también argumenta que deben ser considerados los antecedentes penales de Lozano, quien fue sentenciado por peculado.
Ese asunto legal ya está zanjado, pero pasa de largo los suyos propios: en septiembre de 2020 fue destituido y señalado por distintas irregularidades y actos de corrupción. Se le impusieron dos inhabilitaciones y dos amonestaciones.
Mientras cumplía su suspensión, también enfrentó un proceso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que la SFP lo acusó de malversar 2.4 millones de pesos. Al final, salió bien librado, quien logró zafarlo fue el actual abogado de la Conade, Ricardo Báez.
POR BEATRIZ PEREYRA
COLABORADORA
@BEATRIZAPEREYRA
MAAZ
