La corrupción judicial en México ha sido un problema persistente que ha afectado de manera brutal a la sociedad, y ha convertido en irrisorio el estado de Derecho, ha impedido el derecho de los mexicanos al acceso a la justicia y ha facilitado, si no estructurado la impunidad que impera en nuestro país. En los últimos cinco años, este fenómeno ha evolucionado, con escándalos y sentencias que diariamente evidencian las deficiencias estructurales del sistema judicial. A pesar de diversas reformas y esfuerzos institucionales, los resultados han sido insignificantes, lo que pone en evidencia la profundidad del problema. El artículo 290 del Código Penal vigente en la Ciudad de México establece “Se impondrán de diez a veinte años de prisión al servidor público que… III.- Ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida”. No sé si reír o llorar al leer la que puede considerarse letra muerta en nuestro sistema judicial. Todos los días, los jueces dañan jurídicamente a los ciudadanos, a las víctimas y a los imputados de un delito, por línea, por incompetencia o por dinero. ¿Dónde están esas carpetas de investigación por estos delitos? ¿Dónde están estas sentencias que de dictarse inhibirían a otros jueces a dañar a los ciudadanos con resoluciones notoriamente ilegales? Fácil, en ningún lugar, ellos mismos se protegen. Todos los días observo fallos judiciales ignorando mandatos de sus superiores ya sea de un tribunal de apelación o un juzgado de amparo, dictando resoluciones absolutamente contrarias a derecho, a la jurisprudencia y a la letra de la ley.
No es sorpresa, es más bien un secreto a voces; el sistema judicial mexicano está marcado por la corrupción que involucra jueces de primera instancia hasta magistrados de tribunales superiores, inclusive en épocas recientes hasta una red de corrupción funcionaba normalmente entre los funcionarios de la más alta jerarquía judicial y administrativa, mismos sujetos que hoy decidieron quiénes serán jueces, magistrados y ministros de la Corte, sí, no es el pueblo quien los elegirá, serán ellos, una farsa que nos costará muchos miles de millones de pesos. Todos, abogados y clientes, ciudadanos en general sabemos y hemos visto con nuestros propios ojos la corrupción como regla; la venta de sentencias, la manipulación de procesos judiciales, la extorsión y la colusión con el crimen organizado, la justicia al mejor postor o a quien tenga acceso a la cúpula que decide el sentido de los miles de casos que se someten a la jurisdicción.
Uno de los casos más reveladores de la corrupción en el Poder Judicial es el del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de vigilar el desempeño de jueces y magistrados, que ha revelado múltiples investigaciones por corrupción dentro del mismo Poder Judicial, jueces señalados por recibir sobornos para favorecer a ciertos actores en litigios de alto impacto, incluyendo casos de narcotráfico y corrupción política, negocios jurídicos entre las más altas autoridades en materia jurídica del Poder Ejecutivo y el ex presidente de la Corte, hoy gran elector de los jueces en la mal llamada reforma judicial.
Hoy más que nunca, la mayoría de los tribunales estatales operan como "mercados de justicia", donde la resolución de conflictos depende de la capacidad económica de las partes y “quien conoce a quien”, que de la aplicación de la ley.
Existen diversos factores que en mi opinión contribuyen al mantenimiento de la corrupción en el sistema judicial.
La falta de autonomía e independencia: de los jueces y magistrados, quienes se comportan como empleados de la presidencia de los tribunales superiores de los estados y constantemente están sujetos a presiones políticas y económicas, así como amenazas de enviarlos a distintas adscripciones en lugares inhóspitos y peligrosos en caso de no aceptar lo que se les ordena. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un juez quien me comentó en confianza exactamente casos específicos sobre cómo operan los órganos superiores para amenazar a sus jueces y magistrados para que dicten sus resoluciones de acuerdo a como se las piden. Con la elección de jueces, este último año, para el Poder Judicial se ha convertido en el año de “Hidalgo”, imaginen cómo está la situación.
Obviamente, la impunidad como madre de todos los males en México, es clarísima, las sanciones contra jueces corruptos son escasas si no inexistentes.
También existen razones externas, hasta cierto punto entendibles, en un país donde no existe seguridad, jueces y magistrados son extorsionados, amenazados o sobornados por el crimen organizado, la famosa frase de Pablo Escobar “plata o plomo”; estos grupos delictivos han logrado infiltrarse en el sistema judicial, ya sea mediante amenazas o sobornos, para garantizar la impunidad de sus actividades. Ahora imaginemos cuando estos sean electos jueces a modo, ya solo será plata, nos olvidamos del plomo.
La corrupción judicial en México sigue y seguirá siendo un problema muy grave que seguirá erosionando la confianza ciudadana, si es que aún queda algo de esa confianza; y la poca o nula efectividad del Estado de Derecho. A pesar de los esfuerzos tibios desde luego por reformar el sistema, esa tibieza y falta de sanciones efectivas, así como la persistencia de factores estructurales rotos y corruptos han limitado cualquier avance. La lucha contra la corrupción en el sistema judicial requiere una combinación de voluntad política, fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y una vigilancia cercana, auditoría periódica, atención e investigación de las denuncias a impartidores de justicia por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y que éste último no sea el brazo ejecutor de las extorsiones del Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial para obtener resoluciones a modo. Mientras estas condiciones no se cumplan, la corrupción judicial seguirá siendo una fuente de inseguridad, pobreza, marginación y subdesarrollo, seguiremos siendo un país con el potencial de ser uno de los mejores, para seguir siendo uno de los más corruptos del mundo.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
PAL
