El abuso sexual contra Rudy, un estudiante de 16 años en el TecMilenio de Monterrey, campus Las Torres, desató indignación, pero la reacción de las autoridades ha sido tibia y preocupante. Según testimonios, uno de los agresores es hijo de un funcionario del gobierno de Samuel García, lo que explicaría el intento de encubrimiento por parte de la escuela. Mientras los responsables siguen impunes, la víctima fue suspendida por defenderse.
En lugar de respuestas, TecMilenio, dirigida por Alejandra Preciado, emitió un comunicado genérico, llamando al diálogo, pero sin asumir responsabilidad.
Desde Nuevo León me cuentan que el presunto agresor principal, Leonardo Delgado, tiene antecedentes de abuso. No es la primera vez que logra evadir consecuencias, como ha sucedido hasta ahora, sin que las autoridades -dentro y fuera del plantel- actúen.
El gobernador de Nuevo León rechazó que algún miembro de su gabinete tuviera relación con el principal agresor. Sin embargo, fuentes me confirman que sí hay un vínculo con el gobierno estatal. Y aunque Samuel García aseguró que “no protege agresores” y negó cualquier relación familiar entre el atacante y algún funcionario de su administración, me dicen que hay cercanía con alguien de su equipo. Hasta ahora, no hay detenidos ni avances reales en la investigación. La Fiscalía estatal dice que investiga, pero el tiempo pasa y los presuntos atacantes siguen en libertad.
¿El plantel de TecMilenio, campus Las Torres, no cuenta con cámaras en los pasillos? ¿No hay videovigilancia en sus instalaciones? Una vez más, la justicia se queda corta dentro y fuera de los centros educativos.
¿Hubieran actuado igual si los agresores no tuvieran conexiones políticas? En Nuevo León, la justicia parece depender más del apellido que del delito. O bien, las fiscalías -como la de NL- necesitan que los casos se viralicen para actuar, como ocurrió con Debanhi Escobar.
El silencio institucional sólo ha avivado la indignación entre los estudiantes, quienes han tomado las calles y las redes sociales para exigir justicia. Las protestas en TecMilenio no son sólo por Rudy, sino por el hartazgo ante un sistema que normaliza la impunidad cuando los involucrados tienen poder. Si Samuel García realmente no protege agresores, este es el momento de demostrarlo.
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OTRO LASTRE PARA PEMEX. La compra de Servituxpan en Tuxpan, Veracruz, se vende como un paso hacia la soberanía energética, pero en realidad parece un rescate disfrazado. Monterra Energy, de Arturo Vivar, y su socio KKR buscan deshacerse de una terminal clausurada por la ASEA y la extinta CRE, tras años de disputas regulatorias. En lugar de resolver sus problemas operativos, la empresa prefirió demandar al Estado mexicano bajo el T-MEC, exigiendo 667 millones de dólares. Ahora, con la compra en el aire, KKR ve la oportunidad de salir sin pérdidas, dejando a Pemex con un activo problemático.
El problema es que Pemex, con una deuda de más de 99 mil millones de dólares y compromisos financieros urgentes, no está en condiciones de cargar con negocios fallidos de privados. Bajo la dirección de Víctor Rodríguez Padilla, la petrolera enfrenta retos mayúsculos que requieren inversiones estratégicas, no la absorción de proyectos con antecedentes legales y regulatorios dudosos. La soberanía energética no se construye asumiendo los fracasos de otros.
Nos vemos a las 8 por el 8.
Sofía García
@SofiGarciaMX
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