El 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien dos años antes había llegado a la presidencia de México de manera contundente, con una estrategia basada en mostrar a todos el rostro del “nuevo PRI”.
Esa noche, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los enfrentamientos entre distintos grupos delincuenciales, muchos de los cuales portaban uniformes de la seguridad municipal e incluso del Ejército Mexicano, ocasionó tal indignación en el país que el gobierno del entonces popular presidente, empezó a colapsar.
Sin sorpresas, el entonces presidente de Morena usó el discurso de la justicia como bandera política, lo que cuatro años después le permitió llegar a Palacio Nacional: prometió y prometió que encontraría a los jóvenes y los entregaría con vida a sus familiares. Han pasado 10 años de esos lamentables sucesos y nada ha cambiado.
Marcado por los datos duros como el sexenio más violento en la historia de México, ahora está en el ojo del huracán el gobierno de quien, sin empacho, vociferaba con tremendas carcajadas “ahí están sus masacres”, apoyado sin ninguna duda, por su sucesora, quien ahora sigue la misma línea de no reconocer que sus gobiernos, hasta el momento, han fracasado en su estrategia de seguridad.
Por desgracia, son los jóvenes, hombres y mujeres a quienes les prometieron “construir futuro”, los que se encuentran a merced de los grupos criminales, literalmente cavando sus propias tumbas y enterrando entre los escombros de la transformación, su sueño anhelado del bienestar.
Que quede claro: ¡no, los morenistas no combaten las causas! ¡Así no se combate el deterioro social, menos se atiende el crecimiento y el desarrollo de las habilidades y capacidades de quienes menos tienen! Son los pobres, y lo estamos viendo, quienes acuden a los llamados de la esperanza, vía redes sociales, de los criminales que, a través del engaño, seducción, manipulación y miedo, logran sus propósitos de reclutamiento.
No son los hijos de los Alcalde, de los Batres, de los Monreal, de los Velasco, de los Escandón, de los López, los que buscan empleos; no son los hijos del privilegio otorgado desde el poder, quienes aparecen en los campos de exterminio y no, que no se confunda, nadie, de ninguna clase social, debería vivir ese horror. Pero es lamentable que la conciencia de la responsabilidad no se asome en la clase política gobernante y sean los pobres un pretexto para mantener el poder y jamás una causa que defender.
La llamada "transformación" inició con la ausencia de los 43 y hoy, están construyendo el segundo piso sobre los esqueletos de, al menos, 200 víctimas del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Lo más lamentable es que para conocer el número exacto de personas a las que corresponden esos restos humanos, no habrá presupuesto; el dinero público debe usarse, según el gobierno, para la organización de las fiestas electorales del régimen, disfrazadas de “pueblo”.
Ante la denuncia de estos hechos, se evidencian al menos cuatro cosas:
- Lo que durante años se ha señalado que la responsabilidad era del presidente en turno, léase Calderón o Peña, no la han asumido los morenistas López Obrador ni Sheinbaum.
- Son las madres buscadoras y los padres de las víctimas los que están haciendo el trabajo que corresponde a los gobiernos, aún a costa de su propia vida.
- El gobierno federal no puede seguir en la negación de un problema que causa dolor y afecta a las familias mexicanas, al contrario, es su obligación atenderlo y usar todos los recursos a su alcance para combatirlo.
- Los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro y, peor aún, la empatía, para luchar por aliviar el dolor ajeno.
De Ayotzinapa a Teuchitlán siguen las masacres. A poco más de seis años de Morena en el poder, México no es mejor. Muchos han sido los crímenes sin respuesta y muchas las justificaciones para no impartir justicia. ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno cumpla con su responsabilidad?
POR ADRIANA DÁVILA
POLÍTICA Y ACTIVISTA
@ADRIANADAVILA
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