El esquema conocido de planeación estratégica de una campaña político electoral se basa en los procesos electorales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en donde las postulaciones son unipersonales y las campañas se diseñan para promover la imagen, la trayectoria y la oferta electoral de las personas candidatas, asociándolas con el logotipo del Partido político que las postula y su plataforma política. La estrategia de comunicación se deriva de estudios demoscópicos para ubicar el nivel de conocimiento y aceptación de la o el candidato por parte del electorado; y en este sentido, la definición del mensaje y los instrumentos de difusión se diseñan para elevar el nivel de conocimiento y aceptación de la candidatura en cuestión.
En el modelo llamado “tradicional” de campaña, los despachos de consultoría en marketing y comunicación estratégica generalmente ubican en la responsabilidad del equipo de campaña los temas relacionados con la organización y operación de las actividades de proselitismo de las personas candidatas y en los Partidos Políticos el diseño, coordinación y ejecución de las tareas de representación electoral, promoción y movilización de votantes. En el esquema “tradicional” la fórmula del éxito se ubica en una adecuada estrategia de comunicación política y en la fortaleza y capacidad de acción del voto duro, las estructuras partidarias y las estructuras corporativas de apoyo.
En el caso de la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial, el modelo “tradicional” de campaña no es del todo funcional, toda vez que las candidaturas son múltiples para cada cargo y no son postuladas por los Partidos Políticos sino por los Poderes de la Unión. En las boletas electorales se votará hasta por diez personas para el mismo cargo, debiendo diferenciar el género y la función; además, el sufragio no se realizará cruzando un logotipo sino vinculando el número asignado en la boleta al nombre de cada persona candidata y colocando ese número en la casilla correspondiente al género de cada una de las personas por las cuales se votará. Es un procedimiento inédito, novedoso y complejo.
Sin duda, el nivel de conocimiento y aceptación, el mensaje y el posicionamiento de la imagen y la trayectoria de las personas candidatas seguirá siendo un factor importante de campaña, pero no el eje sobre el que se debe construir la estrategia general; y menos aún frente a las limitaciones presupuestales que la legislación impone a estas candidaturas, el formato restringido de actividades que se pueden desarrollar y la ausencia de las estructuras partidarias de apoyo para la promoción del voto y la movilización electoral.
En este contexto, las y los candidatos a los diversos cargos del Poder Judicial se enfrentarán a dos complejos escenarios en relación con la participación de la ciudadanía en la elección: por una parte, la percepción de que el resultado se encuentra ya definido para las “candidaturas del oficialismo”; y, por otra parte, el interés y entusiasmo de importantes segmentos de la sociedad que perciben el proceso como un necesario ejercicio democrático para garantizar la independencia y el compromiso social de las y los integrantes del Poder Judicial; percepción positiva que se topa con el muro de la falta de información y la incomprensión sobre la nueva forma de votación.
Un nuevo, complejo y desconocido tipo de proceso electoral obliga al diseño de un nuevo modelo de campaña política, en el que la estrategia de comunicación debe combatir la idea de la existencia de “candidaturas del oficialismo” y diseñar la construcción del mensaje vinculándolo a la boleta electoral y a la forma de votación. En este contexto, la campaña de proselitismo deberá centrarse en el uso de las redes sociales, las tecnologías de encuentros a distancia y la construcción de redes ciudadanas que garanticen la movilización a las urnas.
Pero el eje articulador de la estrategia de comunicación y las acciones de proselitismo será, sin duda, la capacidad de operación política de los equipos de campaña para concertar, coordinar y organizar el apoyo y la participación ciudadana en un novedoso mecanismo de campaña y de movilización del voto informado.
POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES
COLABORADOR
PAL
