Las presiones de Estados Unidos a México sobre el terrorismo parten de considerarlo una amenaza a su seguridad nacional. La migración, el comercio y cualquier otro tema que pudiera aparecer en el futuro son colaterales al tema de su seguridad nacional.
Las aparentemente exóticas propuestas de anexión de Groenlandia, Canadá y una apropiación del canal de Panamá tiene una lógica en el contexto de sus inquietudes por temas de la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin subestimarlas, hay que entender esas inquietudes para saber cómo proceder en el contexto nuevo.
Territorialmente, las tres propuestas buscan proteger la masa continental estadounidense de amenazas del exterior. Para Estados Unidos, el Ártico se ha convertido en un flanco sin adecuada protección militar ante posibles ataques rusos o chinos, dos países que tienen acceso rápido al Polo Norte para realizar ataques contra su masa continental.
Las actividades navales de Rusia en el Ártico se han incrementado en los últimos años, especialmente en materia de espionaje y de la colocación de bases submarinas y de sabotaje de las vías de comunicación entre países europeos, incluyendo la disrupción de redes de internet. Países como Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia están conscientes de la amenaza que les representan los avances rusos en esa zona del mundo donde poseen débiles defensas nacionales.
La pretensión de Trump de ocupar esa territorialidad pasa por la intención de fortalecer sus sistemas de defensa y espionaje en Groenlandia y el norte de Canadá, que tocan el Polo Norte. Por esa razón, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha insistido en que Canadá puede colaborar militarmente con Estados Unidos sin concesiones territoriales. Y como prueba de lealtad, Canadá declara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, a sabiendas de la preocupación estadounidense por la amenaza a su seguridad nacional.
Panamá es visto por Estados Unidos como un país en su retaguardia estratégica. Ve al Canal de Panamá como el lugar ideal para colocar una barrera infranqueable para frenar no sólo los movimientos migratorios, sino el trasiego de droga, que se ha convertido en el “commodity” más conveniente no únicamente para los cárteles, sino también para grupos terroristas mundiales necesitados de armas y financiamiento.
Una muestra importante de ello es la declaración reciente de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, en el sentido de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia es, en realidad, el brazo armado del Cártel de Sinaloa mexicano. Esa guerrilla, creada y financiada por Cuba en su momento para impulsar el socialismo en Colombia, hoy es un instrumento que utiliza el Cártel de Sinaloa para abastecerse de droga y, posiblemente, de combatientes en el propio territorio mexicano.
El presidente colombiano dijo, textualmente, “Los dueños de esas estructuras guerrilleras no son comandantes, son los que compran la cocaína en México”. En una ofensiva reciente por parte del ELN en Colombia, provocó al menos 53 personas muertas, 8 desaparecidas y más de 50,000 desplazadas, según reporta el gobierno colombiano. Y todo ello se atribuye al Cártel de Sinaloa.
En el contexto de las preocupaciones geopolíticas del gobierno de Trump, otro territorio es México. Nuestro país, atrapado entre el Ártico y Panamá, representa el eslabón débil de las inquietudes de Estados Unidos por protegerse de lo que considera son sus verdaderas amenazas bélicas: China y Rusia.
La inquietud estadounidense por el narcotráfico mexicano lo expresó, seguramente sin querer, el presidente colombiano: la fusión entre intereses económicos de cárteles y los grupos anti estatales políticos que operan incluso en territorio mexicano y estadounidense es la receta perfecta para crear caos y disrupción económica y social.
Estados Unidos no piensa atacar a México como opción inmediata, como algunos sugieren. Tiene mil instrumentos de coerción a su disposición antes de llegar a ese extremo, que sería muy impopular. Al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el gobierno estadounidense puede presionar a las empresas nacionales y extranjeras a que le exijan al gobierno mexicano que actúe con celeridad y decisión contra el narcotráfico, para no caer ellos en el supuesto de estar ayudando a los cárteles con pagos o subsidios, o incluso de tenerlos como socios. Hay ejemplos notorios de empresas que han sido castigadas con altísimas multas por pagar el derecho de piso a grupos terroristas en el mundo.
La empresa Lafarge SA (Francia) sufragó una multa de 778 millones de dólares por pagar a ISIS para mantener sus operaciones de cemento en Siria. Chiquita Brands International (Estados Unidos) asumió una multa de 25 millones de dólares por pagar para protección a un grupo terrorista colombiano. Standard Chartered Bank (Reino Unido) fue multado con 1,000 millones de dólares por procesar transacciones vinculadas a entidades afiliadas a los talibanes.
La amenaza es igual para empresas de las cadenas de suministro, manufactura, agrícola y minera, instituciones financieras, bienes raíces y la construcción, logística y transporte. Las empresas que pagan derecho de piso a los cárteles del narcotráfico o contraten a sus empresas en México pueden ser multadas por las autoridades estadounidenses.
Otra zona susceptible a presiones por parte de Estados Unidos a México es en el envío de remesas. Un documento del Congreso de Estados Unidos afirma que “por lo menos” el 17% de las remesas son producto del narcotráfico. De confirmar eso, las autoridades estadounidenses podrán empezar a multar a empresas que envían remesas “con contenido ilícito” o, peor, a frenar el envío de remesas, pendiente de una revisión minuciosa sobre sus orígenes. Esas demoras obviamente afectarán a los millones de recipientes de remesas bien habidas. Incluso, podría darse el supuesto del origen ilícito de la totalidad de remesas e impedir su envío a México, pendiente de una resolución de las autoridades judiciales.
Siendo las remesas el ingreso número uno de México, el desajuste económico que provocaría sería gravísimo. Especialmente en estos tiempos, cuando la situación económica en México es de una altísima vulnerabilidad.
Es probable que persistan las fuertes presiones desde el ámbito económico para lograr objetivos en materia de seguridad. Sin duda estas presiones van a reaparecer en el proceso de renegociación o revisión o cancelación del T-MEC.
Todo esto sirve para reconocer que las definiciones de Morena y su gobierno ante el narcotráfico pueden provocar severas dificultades al país si no hay claridad sobre la ruta para abatir el problema. La acusación de complicidad entre autoridades y cárteles está planteada, por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Le conviene a México demostrar la falsedad de las acusaciones. Sus acciones a través de políticas públicas hablarán por sí solas. Sin contemplar acciones militares estadounidenses, las acciones económicas aquí descritas, y otras muchas, sucederán si no hay resultados demostrables.
Para enfrentar ésta nueva realidad, es necesario actuar no sólo con cabeza fría, sino también con acciones contundentes.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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MAAZ