La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro al responder al terrorismo arancelario de Donald Trump: las armas con las que el crimen organizado aterroriza a México provienen de armerías estadounidenses. Sin embargo, ni el mandatario ni sus funcionarios más cercanos han confirmado el compromiso anunciado por Sheinbaum de frenar el tráfico de armas de alto poder.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre el tema. Y el silencio también es una respuesta: la Casa Blanca no lo considera una prioridad. México ha cumplido su parte enviando 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera para frenar el tráfico de fentanilo, pero ni Trump ni el senador Marco Rubio han mostrado interés en la única petición concreta hecha en el contexto de la amenaza arancelaria.
Mientras tanto, el gobierno mexicano solo puede continuar con su estrategia legal contra la industria armamentista. El próximo 4 de marzo, México, a través de su representante legal, tendrá una audiencia en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en seguimiento a la demanda que interpuso, donde se deliberará si las armerías gozan de inmunidad legal a pesar de facilitar el tráfico ilícito de armas.
Para la administración Trump, las prioridades son otras. Su gobierno pretende eliminar la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que en un informe publicado el pasado 8 de enero detalló que el 74 % de las armas recuperadas en México entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos y que alrededor de 200 mil armas son traficadas cada año a territorio mexicano.
Elon Musk, a cargo del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), cuestionó en su plataforma “X”: “¿Debería existir la ATF? ¿Por qué no fusionarla con la DEA?” Esto ha generado inquietud en la administración de Sheinbaum, pues el informe de la ATF ha sido su principal argumento para señalar la responsabilidad compartida en la violencia en México. Son las propias agencias de inteligencia estadounidenses las que han reconocido que sus armerías tienen como principales clientes a los cárteles de la droga.
Ayer, la presidenta respondió al memorando del Departamento de Justicia en el que se ordena la eliminación total de los cárteles de la droga, y lanzó preguntas incómodas: “¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Hay una parte importante que ellos deben atender en su propio territorio.”
Es posible que estas preguntas no tengan respuesta pronto, o quizá nunca. Desarmar a los cárteles de la droga, al día de hoy, no parece ser una prioridad para la justicia estadounidense. Menos ante un lobby tan fuerte como el de los defensores de las armas, de los principales benefactores de los republicanos.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ