El sector energético es clave para el desarrollo de cualquier país, y en México, el gobierno ha planteado una serie de reformas que buscan transformar su estructura y funcionamiento. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa con la que se busca regular la inversión privada en el sector energético y fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Aunque todavía está en proceso de discusión, esta propuesta podría cambiar la forma en que se produce y se distribuye la energía en el país en los próximos años.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el reconocimiento del concepto de justicia energética, que busca reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía en México. La idea detrás de este principio es que el suministro eléctrico debe ser accesible para todos, especialmente en comunidades marginadas donde las tarifas y la infraestructura han sido históricamente un obstáculo. Esto significaría un cambio en la visión del sector, pasando de un enfoque estrictamente económico a uno con mayor sentido social.
Otro punto clave es la nueva clasificación de CFE y Pemex. Con la reforma presentada, ambas empresas dejarían de ser consideradas "empresas productivas del Estado" y pasarían a ser "empresas públicas". ¿Por qué es importante este cambio? Básicamente, esto implicaría que su principal objetivo no sea operar bajo una lógica de competencia con el sector privado, sino enfocarse en garantizar el suministro de energía para el país con un esquema de servicio público.
En lo que respecta a la participación privada en el sector, la reforma establece que el 46% de la generación de energía quedaría en manos de inversionistas privados, mientras que el Estado mantendría la mayor parte de la producción. Este modelo busca establecer un equilibrio entre permitir la inversión privada en el sector energético y, al mismo tiempo, garantizar que el país no dependa excesivamente de intereses comerciales que prioricen las ganancias sobre la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Además, el gobierno ha anunciado que, en caso de aprobarse la reforma, la CFE invertirá 23,400 millones de dólares entre 2024 y 2030 para aumentar la capacidad de generación de energía en más de 13,000 megavatios (MW), así como para modernizar las redes de transmisión y distribución. Este tipo de inversión es clave para asegurar que la infraestructura eléctrica pueda responder a la creciente demanda de energía en el país y para sostener los planes de desarrollo económico e industrial en los próximos años.
Esta iniciativa se enmarca dentro del llamado Plan México, una estrategia anunciada por la presidenta Sheinbaum con la que se busca consolidar la economía del país dentro de las diez más grandes del mundo. En este sentido, contar con un sector energético fuerte y con reglas claras es fundamental para atraer inversión y generar crecimiento.
Sin embargo, al tratarse de una reforma estructural, la iniciativa aún debe pasar por el proceso legislativo, donde será analizada y debatida en el Congreso. Como en cualquier propuesta de esta magnitud, habrá posturas a favor y en contra, y es probable que se realicen ajustes antes de llegar a una versión definitiva.
Lo cierto es que México se encuentra en un punto clave para definir el rumbo de su transición energética. La discusión sobre cómo equilibrar el fortalecimiento del sector público con la participación privada seguirá siendo un tema central en los próximos meses.
POR BERNARDO BOSCH FERNÁNDEZ
@bernardobosch