El Gobierno de Sheinbaum anunció una reforma que busca reducir y agilizar los trámites a nivel federal, estatal y municipal. Una gran meta: reducir a la mitad el número de trámites y requisitos burocráticos existentes en todo el país y su tiempo de resolución. De cumplirse, sería una transformación sin precedentes, con un impacto positivo en la vida de los mexicanos y en el emprendimiento.
Para lograrlo, la Agencia de Transformación Digital promoverá una reforma constitucional y la nueva “Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción” que contemplan un catálogo público donde estén disponibles digitalmente todos los trámites del país; el principio de que el gobierno no pueda exigir documentos que él mismo genera; la posibilidad de sustituir permisos por simples avisos cuando sea viable, etc.
Recientemente, participé en el Consejo Académico del reporte “Emprender en México 2024”, elaborado por Caminos de la Libertad bajo la dirección de José Torra, que mide la facilidad para emprender en las principales ciudades del país. El estudio encontró infinidad de trámites redundantes, falta de respuestas por parte de la autoridad, pagos sin fundamento legal y procesos opacos en todas las ciudades. Abrir un negocio en México es un vía crucis que lleva a muchos mexicanos a desistir de emprender o a permanecer en la informalidad.
Si la reforma anunciada cumple, podría cambiar esto. Sin embargo, la historia reciente nos obliga a ser cautelosos. En 2018, la administración de Peña Nieto promulgó la Ley General de Mejora Regulatoria. En aquel entonces también se prometía un catálogo nacional de regulaciones y la digitalización de trámites, entre otras medidas orientadas a reducir la carga regulatoria y las trabas burocráticas que enfrentan personas y empresas. Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos de cumplimiento y la fuerte inercia a nivel local para mantener el statu quo dejaron esta reforma en papel mojado. Desde entonces, la carga regulatoria no ha hecho más que empeorar.
Ante esto, otros países han abordado recientemente el problema con estrategias contundentes. En Argentina, Milei impulsó una política de desregulación radical resultando en su primer año en la eliminación total de 331 regulaciones y la reducción de otras 341. La “motosierra” ha sido clave en la liberalización de diversos sectores y el desarrollo del país.
En Estados Unidos, Trump ha encomendado a Elon Musk la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para eliminar cientos de regulaciones, apalancándose en la digitalización. Aunque recién comienza, su enfoque disruptivo ofrece un modelo interesante.
Si los mexicanos queremos realizar un cambio verdadero, debemos actuar con similar audacia y contundencia. Con ese fin, propongo que la reforma establezca:
- Que toda regulación que no esté publicada en el catálogo nacional de regulaciones se considere inexistente y que ninguna autoridad pueda exigirla.
- Un padrón de inspectores público en el que se publicite el nombre, foto y cargo de todos los servidores públicos autorizados a realizar inspecciones a empresas y que dicho padrón establezca qué tipo de inspecciones y medidas están facultados para realizar. Cualquier acto fuera de este marco debe considerarse inválido y sujeto a sanciones.
- La autorización por omisión sujeta a plazos cortos. Si las autoridades no resuelven en ese plazo, el trámite se consideraría aprobado por default.
- Cláusulas de caducidad para todas las regulaciones (“sunset clauses”): que sean evaluadas periódicamente y que, de no justificar que sus beneficios son mayores a sus costos, pierdan automáticamente su vigencia.
Solo con mecanismos efectivos de cumplimiento que empoderen al ciudadano y una clara rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, esta reforma podría darle a México el impulso que necesita.
POR FERNANDO COTO ACUÑA
Consultor en asuntos públicos y competencia económica
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