En días pasados, el Congreso de la Unión inició el Segundo Periodo del Primer Año de la 66 Legislatura, como ha sido una constante en los últimos 6 años, el oficialismo -a través de sus mayorías ficticias- continuó avasallando a los grupos de la oposición, negándose a escucharlos, incluso a debatir los grandes temas que impactan a las y los ciudadanos; y lo peor, seguir actuando su triste papel de oficialía de partes del ejecutivo.
Independientemente de esto, Acción Nacional continuará alzando la voz en las cámaras de senadores y de diputados en beneficio de las y los ciudadanos y en defensa de la democracia; nuestra agenda legislativa es realista, sensata, con soluciones concretas para los problemas que más preocupan a las familias en México.
Nuestros grupos parlamentarios se refuerzan con el nombramiento de los nuevos coordinadores parlamentarios: en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa y en el Senado de la República, Ricardo Anaya. Ambos son legisladores con una gran trayectoria y experiencia, lo que los convierte en las personas idóneas para dirigir con valentía y estrategia los trabajos parlamentarios.
En esta nueva etapa Acción Nacional será una oposición propositiva que dará la lucha por México con firmeza y responsabilidad. En un país que enfrenta retos significativos en materia de seguridad, economía y estado de derecho, además de amenazas del exterior, es fundamental que exista un contrapeso que no solo señale los errores del gobierno, sino que también proponga soluciones concretas y viables. Preparamos una agenda legislativa centrada en los temas que más preocupan a las y los mexicanos que se basa en cuatro ejes temáticos fundamentales: Economía, Seguridad, Desarrollo Social y Transparencia y Rendición de Cuentas.
La estabilidad de las familias mexicanas es una prioridad para Acción Nacional. Por ello, proponemos medidas que reduzcan el costo de vida y fomenten el crecimiento equitativo. Es fundamental establecer un tope máximo de veinte pesos para los combustibles; reduciendo el impuesto conocido como IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y con la creación de subsidios que cubran el diferencial cuando el precio supere dicho límite.
La disminución de tarifas eléctricas es una prioridad, por lo que se ajustarán las normas de cuantificación de temperaturas para establecer tarifas mínimas más justas en el consumo de hogares. Asimismo, se buscará la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas de menores ingresos; a los aguinaldos; a los productos de uso escolar y deducir el costo de las colegiaturas permitiendo mayor liquidez en los hogares de menores recursos. Sabemos que la política económica y la social van de la mano, por eso proponemos un seguro de desempleo y establecer la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años.
Ante las acciones unilaterales tomadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos, resulta importante establecer un fondo para personas repatriadas, diseñado para cubrir las necesidades de refugios temporales y su transportación a sus lugares de origen.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para consolidar la democracia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Para asegurar una fiscalización imparcial y efectiva, se requiere fortalecer la independencia de la Auditoría Superior de la Federación mediante una reforma constitucional que garantice su autonomía plena, permitiendo que sus investigaciones y resoluciones se realicen sin interferencias políticas o administrativas.
Es fundamental institucionalizar los programas sociales bajo reglas claras y bien definidas que impidan su uso con fines partidistas, estableciendo criterios objetivos de asignación y mecanismos de supervisión para garantizar su aplicación equitativa y eficiente. Se promoverá la transparencia total mediante la publicación de todos los contratos y gastos públicos en una plataforma de acceso abierto, lo que permitirá a la ciudadanía conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos, fomentando la participación y vigilancia social.
Además, se instaurará la obligación de evaluar el impacto de las políticas públicas con participación ciudadana, permitiendo conocer la efectividad de las acciones gubernamentales, asegurando que se ajusten a las necesidades reales de la población y optimizando el uso de recursos.
La inseguridad es un cáncer que impacta en la calidad de vida de los habitantes a nivel nacional, el combate estratégico y eficiente al crimen organizado es impostergable, por eso promoveremos entre otras acciones: la adopcio´n de herramientas tecnolo´gicas en materia de seguridad; reforma al Ministerio Pu´blico Nacional; Fortalecimiento de Polici´as (especialmente de proximidad y municipales); Justicia Comunitaria Local, disen~ar un sistema de justicia comunitaria que fortalezca la mediacio´n y resolucio´n de conflictos a nivel local; Redistribucio´n de Facultades de Investigacio´n en Delitos de Orden Comu´n; Transparencia y Esta´ndares en el Reporte de Delitos Graves; Aportaciones Federales para la Seguridad Pu´blica de Estados y Municipios, premiando a los municipios que inviertan ma´s recursos propios y logren mejores resultados en prevencio´n del delito y desarrollo policial.
El PAN está listo para dar esta batalla en el Congreso. No seremos cómplices de políticas irresponsables que dañan a las familias. Vamos a defender cada peso que pertenece a los ciudadanos, cada derecho que el gobierno quiere eliminar y cada espacio que el crimen ha tomado. Nuestro compromiso es con México, no con un régimen que ha demostrado su incapacidad y su indiferencia ante el sufrimiento de la gente.
POR JORGE ROMERO HERRERA
@JorgeRoHe
Presidente del PAN
MAAZ