En varias ocasiones, el Consejo General del IFE se reunió con el Presidente de la República en turno. Recuerdo los encuentros con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Fueron reuniones cordiales, sin una agenda previa, en las que prevalecieron temas como fortalecer a la Institución en aras de hacer de nuestra democracia un sistema más eficiente para México. A los presidentes les preocupaba que el IFE de entonces mantuviera en alto la credibilidad en las elecciones y se incrementara la participación ciudadana. En una ocasión se comentó cómo dar mejor uso al monitoreo que realiza el INE sobre la transmisión de los tiempos oficiales y la importancia de mantener la autonomía del Padrón Electoral en manos de la autoridad electoral.
Ahora, la reunión de las consejerías electorales con la Presidenta Sheinbaum ocurre en un contexto completamente diferente. La llegada del nuevo gobierno no eliminó la pretensión de López Obrador de realizar una reforma destructiva del carácter democrático de nuestro sistema electoral y de promover una reestructuración del INE que eliminaría, entre otras cosas, la garantía de eficiencia e imparcialidad que constituye el Servicio Profesional Electoral. Lo mismo ocurre con la propuesta de eliminar la representación proporcional para conformar a los órganos legislativos y municipales, empezando por las cámaras del Congreso de la Unión. Con todo, la Presidenta Sheinbaum instruyó posponer el debate de esta propuesta, quizá por el costo para sus partidos comparsas, PVEM y PT, de dichas propuestas.
Hoy, el diálogo entre las consejerías electorales y Sheinbaum tiene un objetivo específico: establecer que, incluso contra las declaraciones presidenciales, el dinero de que dispone el INE no alcanza para que cumpla con sus funciones fundamentales y organizar, dentro de 143 días, las elecciones del Poder Legislativo con la calidad debida. De hecho, a estas alturas, es evidente la afectación al proceso por la reducción significativa del número de casillas que se instalarán, lo que constituye de facto la pérdida de la pulcritud con que se debería integrar uno de los poderes de la Unión. Las consejerías del INE argumentarán la necesidad de mantener la eficiencia institucional, responderán a las declaraciones de la Presidenta y seguramente solicitarán una ampliación presupuestal, que muy probablemente se les negará. En todo caso, cualquier apoyo obtenga el INE de la Presidencia, implicaría asumir una actitud de sumisión a la voluntad del Ejecutivo y pérdida de autonomía.
El INE se encuentra en una situación difícil, pues además de tener que organizar una elección en las peores condiciones de su historia, no podrá evitar una reforma electoral que lo disminuya aún más, y la democracia sufrirá un retroceso importante, ya que la Presidenta sí tiene entre sus prioridades realizar una reforma que elimine la reelección, en todas sus formas, del sistema electoral mexicano. Difícil principio de año electoral.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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