Las nuevas tecnologías han modificado de manera acelerada muchas dinámicas sociales, la economía, la educación, el acceso a la información, las formas de comunicación, la formas de hacer política, incluso la forma en la que la población se relaciona entre sí.
En esta evolución en la digitalización muchas personas se han convertido en creadoras y consumidoras de contenido mediante el uso de distintos recursos, de manera destacada el video, generando interacciones de gran escala mediante la diseminación de información y producción de espacios que potencian procesos de socialización no regulados, que han dado lugar, en algunos casos, a prácticas que ponen en riesgo la seguridad, los derechos de las personas, incluso su salud
En este contexto, surge la figura del “influencer” o creador de contenido, concepto utilizado para identificar a una persona con capacidad de influir sobre otras, a partir de mensajes difundidos a través de una o más redes sociales de interés para sus audiencias, con un estilo narrativo propio que facilita contar con un número amplio de audiencias.
Es común que dentro de sus contenidos se encuentra publicidad de productos y servicios que sirven de patrocinio a distintas marcas, agencias o compañías, promoviendo el uso de las redes sociales como fuente de información para eventuales consumidores, lo cual les aporta recursos económicos importantes, a través de la monetización.
Mucha información en las plataformas puede asumirse como verdadera, sin serlo, orientando el consumo o incluso modificando el comportamiento de consumidores, sin ningún mecanismo de regulación que los proteja, entre los cuales se ubican niñas, niños y adolescentes.
Pero diversos “influencers” van más allá y aprovechando su capacidad para llegar a miles de usuarios, incluso millones, aprovechan sus espacios para difundir opiniones “especializadas” sobre diversos temas, como los son salud, psicología, o incluso análisis sobre procesos legales en proceso, distorsionado la información y vulnerando la privacidad de muchas personas, e incluso, poniendo en riesgo su seguridad.
Es ahí, donde el abuso en las nuevas formas de comunicación puede provocar graves daños, empresas o negocios pueden verse afectados, familias desintegradas por la difusión de acusaciones sin sustento, verse afectada la intimidad o incluso puede incitarse a la violencia hacia alguna persona o grupo social.
Lo anterior, sustenta el iniciar ejercicios de parlamento abierto, a efecto de convocar a especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios, “influencers” y público interesado, a un intercambio serio y propositivo que nos permita avanzar hacia la estructuración de un marco jurídico, que teniendo como eje el derecho a la libertad de expresión, fortalezca las nuevas formas de comunicación audiovisual y la protección de los derechos de las personas.
Sin falsas discusiones, sin mordazas, pero sí con apertura para garantizar el ejercicio de libertades con respeto a los derechos de todas y todos.
En próximos días los estaremos invitando a este ejercicio de parlamento abierto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
POR SERGIO MAYER BRETÓN
COLABORADOR
@SERGIOMAYERB
PAL