EN UN ACTO de bravuconería, más que de racionalidad, Donald Trump le puso la espada de Damocles a México, con la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
El nuevo presidente de Estados Unidos adelantó que fijará impuestos de entre 10 y 25% a los productos que contengan insumos chinos, sin importarle el impacto que pudiera tener para su propio país.
La amenaza prendió todas las alertas en la industria automotriz de Norteamérica: General Motors, que preside Mary Barra, ya anunció el martes que analizará mover la producción de pick-ups a la Unión Americana.
La orden ejecutiva de Trump fija el 1 de abril como límite para que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, entregue el resultado de la investigación y su posible impacto para el sector automotor.
La industria estadounidense, léase, además de General Motors, Ford, que comanda Jim Farley; y Stellantis, que lidera John Elkann, estima que la posible sanción arancelaria tendría varias consecuencias.
Rompería la cadena de suministro de autopartes, restaría competitividad a la región, encarecería el precio de autos en Estados Unidos e imposibilitaría la sustitución, hoy, de autopartes chinas.
También habría impactos negativos en las piezas, accesorios postventa y refacciones provenientes no solo del país que gobierna Xi Jinping, sino de diversas regiones que alcancen el impacto arancelario.
La industria automotriz estadounidense estaría pidiendo un periodo de gracia para rehacer las cadenas de suministro y regresar al país parte de la producción que hoy no solo está en México sino en otras naciones.
Y para asegurar el regreso, Scott Bessent, el recién confirmado secretario del Tesoro, va ofrecer incentivos fiscales para su relocalización, o sea, “su” nearshoring para armadoras y proveedores extra regionales.
A juzgar por las reacciones de General Motors, Ford y Stellantis, pero sobre todo por los amagos de Trump, queda claro que el sector automotriz será de los primeros en renegociarse en el T-MEC.
La Secretaría de Economía, que lleva Marcelo Ebrard; el Cuarto de Junto, que coordina Judith Garza, y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que preside Rogelio Garza, ya están en guardia.
Hace ocho años, cuando llegó por vez primera a la Casa Blanca, Trump acusó a la tres principales automotrices de su país de menguar el poderío manufacturero de Estados Unidos por llevarse la producción a México.
Recargado y enarbolando su máxima de Make America Great Again, el Trump 2.0 viene por la revancha, con énfasis en el sector automotor mexicano: la regla de origen ya no va ser suficiente.
LA PRESENTACIÓN AYER de las leyes secundarias en materia energética sigue sin revelar detalles de cómo serán los esquemas de inversión de los privados en electricidad e hidrocarburos. La armonización legislativa no resuelve el problema de fondo, que tiene tanto la CFE, que lleva Emilia Calleja, como Pemex, que maneja Víctor Rodríguez. En este último caso la petrolera seguirá con asignaciones para producción propia como único operador de contratos, en los que a su vez subcontrata a empresas de servicios nacionales e internacionales.
La otra opción será con participación de compañías privadas mediante una inversión mixta. Sin embargo, hasta hoy nadie sabe si será con licitaciones abiertas, restringidas o asignaciones directas.
Esta incertidumbre mantiene en indecisión a las grandes petroleras del sector, que llevan seis años esperando un entorno favorable para realizar inversiones. En el ínter, la producción de crudo sigue cayendo. La pregunta es ¿hasta cuándo?
EN SU INFORME de los primeros 100 días como jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada confirmó lo que aquí le platiqué hace unos días: que su estrategia para combatir la problemática de la gentrificación se basa en rehabilitar las viviendas dañadas y abandonadas, de las que se tienen identificadas más de 200 mil unidades en el territorio capitalino. El comentario se hace a la par de que Airbnb, que dirige Ángel Terral, obtuviera de un juez un amparo contra la Ley de Turismo local, que limita las noches disponibles de la plataforma, al tiempo de que la administración de la morenista sostiene reuniones con los anfitriones o dueños de los inmuebles que se rentan bajo esa modalidad para consensuar un nuevo marco jurídico, bajo el entendido de que en la capital del país los derechos de los ciudadanos se respetan al 100%.
JENNIFFER G. SHERER fue nombrada vicepresidenta de FirstPathway-Partners (FPP), una administradora de fondos de inversión especializada en el Programa EB-5, el único que ofrece la residencia permanente a los inversionistas que participen con un monto de 800 mil dólares en proyectos que generen empleos y promuevan el desarrollo en regiones rurales. Sherer tendrá la responsabilidad de responder a los cambios que proponga Donald Trump para seguir impulsando el programa EB-5. Según la firma, en 2024 los mexicanos y sus familias se ubicaron en el primer lugar de solicitantes de la visa EB-5 en América Latina, seguidos de Colombia. A nivel global China fue el líder y la India logró el segundo puesto.
Las expectativas para 2025 son positivas, ya que se mantendría el crecimiento porque España cancelará en abril su programa de Visas Doradas y eso impulsaría el número de solicitudes en Estados Unidos.
RADIÓPOLIS, QUE DIRIGE interinamente el argentino Ramiro Vega, atraviesa por cambios en su estructura corporativa. Esta semana será la última de César Lozano, quien dejará la dirección de finanzas para irse a Unilever México, que lleva Juan Pablo Galindo. Esta salida se suma a la del español José Antonio Revilla Díaz, quien dejó la dirección general en diciembre pasado, tras una serie de denuncias.
El grupo hispano Prisa del financiero Joseph Oughourlian, el socio accionista mayoritario en Radiópolis, tendrá que buscar a dos nuevos directivos, el general y el financiero.
A pesar de estos ajustes, la empresa sigue manteniéndose como el grupo radiofónico más escuchado en el Valle de México, con ventas cercanas a los mil millones de pesos al cierre de 2024.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ