Según la 6ª Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 2019-2024, de Mexicanos contra la Corrupción, la corrupción se ubica como la segunda preocupación de la sociedad mexicana por debajo de la inseguridad. Como Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, estoy desarrollando la investigación denominada “Estudio sobre las áreas y puestos de la Administración Pública Federal de alto riesgo de corrupción con el propósito de establecer medidas para su prevención”.
En el marco de estos trabajos, se desarrollaron cuatro grupos de enfoque con diferentes perfiles: servidores públicos, exservidores públicos, miembros de la sociedad civil y académicos. Primero se les aclaró, que el estudio se centra en la Administración Pública Federal, por lo que se descartaron los actos de cohecho y soborno entre policías y autoridades de las alcaldías con ciudadanos.
Entre los hallazgos aparecen un número importante de áreas: jurídicas; de recursos humanos; asuntos migratorios; las que gestionan los programas sociales; vivienda; las que concesionan ya sea para prestar un servicio público o explotar un bien; las que tramitan la remodelación de inmuebles; las de tramites en las que los empresarios usan para realizar alguna gestión; aduanas, entre otras.
Sin embargo, las áreas de contrataciones o compras públicas o aquellas que tengan la posibilidad de adquirir un bien son en las que más se presenta el fenómeno de la corrupción; presente en todos los niveles de puestos y que se traduce en las siguientes irregularidades: a orientar las contrataciones a un solo proveedor -regularmente conocido, así no tengan la antigüedad y experiencia-; a privilegiar la adjudicación directa; a simular las ofertas de los proveedores; a no respetar el padrón de integridad empresarial; a identificar redes de muchos años entre servidores públicos y proveedores, y a la ejecución de compras urgentes o fraccionadas fuera del plan anual.
Desafortunadamente, en este caso, también aparecen los Órganos Internos de Control, en sus diferentes áreas. Según los entrevistados, entre las anomalías están las siguientes: se negocian las observaciones en los resultados de las auditorías; se generan auditorías con sesgos; falta de objetividad de las áreas de quejas; negociaciones con las empresas que se inconforman pero también en los procesos para fincar responsabilidades a posibles infractores.
Hay muchas propuestas para abatir este flagelo, desde la instrumentación de la profesionalización de las áreas; la instrumentación de sistemas de compliance e integridad tanto para las áreas de contrataciones como en los órganos internos de control; la permanente rotación de servidores públicos que den lugar a cortar redes; la certificación de ciertas funciones también en ambos casos y que los padrones de integridad empresarial sean obligatorios; uso de la inteligencia artificial para las compras públicas y la revisión de las matrices de riesgos por parte de las áreas responsables. Así como potencializar el sistema de alertadores públicos. Hay mucho trabajo por hacer, aunque también depende de las voluntades.
POR RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
@RAFMARTINEZPUON
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